La medida ya se aplica en Italia y Francia. Su presidente, Mariano Rajoy, se propone cerrar unas 500 empresas públicas

Como parte de su estrategia para reducir el abultado déficit público , el gobierno conservador español anunció este jueves una limitación de los pagos en efectivo para ciertas transacciones de dinero y un nuevo recorte del sector público.

La vicepresidenta y vocera del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que informó de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, afirmó que con el denominado Plan General de Control del Fraude que el Partido Popular (PP) pretende aprobar en breve se busca recaudar 8171 millones de euros este año.

Un objetivo no muy ambicioso si se tiene en cuenta que el Ministerio de Hacienda recaudó el año pasado por ese concepto 9400 millones de euros, según datos oficiales, es decir, un 13% más de lo previsto en el nuevo plan del gobierno de Mariano Rajoy.

La medida más novedosa del plan de lucha contra el fraude prevé implantar la limitación del pago en efectivo para determinadas transacciones, siguiendo el ejemplo de Francia e Italia.

Sáenz de Santamaría no detalló ninguna cifra sobre ese límite para pagos en efectivo ni tampoco en qué tipo de transacciones se aplicará. En Italia, el límite, que comenzó en 12.000 euros, se fue rebajando paulatinamente hasta los 1000 euros actuales. En Francia, el límite es de 3000 euros y la ley es especialmente restrictiva en el pago de metales preciosos, como oro y plata.

Según el gobierno, esta iniciativa puede ser muy “útil” para detectar grandes bolsas de fraude y de economía informal.

Al mismo tiempo, se potenciará la “autorregulación voluntaria” en la declaración del impuesto a las ganancias, con el fin de que los contribuyentes puedan comunicar a la administración tributaria si han incurrido en algún “error” en sus declaraciones, de manera que puedan evitar el inicio de un procedimiento sancionador. Además, se intensificarán las comprobaciones en la fase recaudatoria y la coordinación con los sistemas fiscales de las administraciones locales.

El gobierno tiene la intención de utilizar la información facilitada por países que salieron de las listas de paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas Holandesas.

El proyecto de lucha contra el fraude potenciará también las inspecciones de trabajo para reducir la economía informal, que según estimaciones privadas supone un 18% del producto bruto interno (PBI) español.

Por otra parte, el gobierno examinará la situación del sector público empresarial para recortarlo, con el fin de ahorrar costos y ayudar a reducir el déficit público hasta el 4,4% del PBI, tal como establecen los acuerdos con Bruselas, desde el 8% aproximado con que cerrará 2011.

Según Sáenz de Santamaría, hay más de 4000 organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la administración pública y que “necesariamente hay que disminuir”.

El plan del gobierno es eliminar al menos 515 de esas 4000 empresas públicas que operan a nivel nacional, regional y local. El recorte, de hecho, se fijó ya en 2010, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero desde entonces sólo se suprimieron 69 entidades públicas.

El presidente Mariano Rajoy tiene previsto reunirse en las próximas semanas con los líderes regionales y locales para exigirles que cumplan con sus compromisos. “La realidad es más dura de lo que pensábamos y las medidas [de ajuste] también lo serán”, dijo Sáenz de Santamaría en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Otra de las medidas esbozadas ayer es la reforma del sistema financiero en el primer semestre del año. Como primer paso, el gobierno solicitará al Banco de España un informe en el que detalle si están justificadas las retribuciones de los altos cargos de bancos intervenidos por el Estado.

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Todas estas medidas se suman a los recortes anunciados la semana pasada, que contemplaban un ajuste en los gastos de la administración de 8900 millones de euros y un aumento en los ingresos de más de 6000 millones de euros por la suba del impuesto a las ganancias en todos sus tramos.

Los mercados no recibieron positivamente los anuncios del gobierno del PP debido, tal vez, a su falta de concreción. El Ibex de Madrid cerró la sesión con una caída del 2,9%y la prima de riesgo superó los 380 puntos básicos.

La vicepresidenta del gobierno confirmó, por otra parte, el temor que ya había adelantado el gobierno de Rajoy: el sistema de seguridad social cerró 2011 con déficit. El gran aumento del desempleo y la reducción del número de cotizantes al sistema de seguridad social acabaron con 11 años de superávit y situaron el déficit en el 0,06% del PBI.

Los datos de desempleo publicados esta semana mostraron que a fines de 2011 había 4,42 millones de desempleados en España, una cifra récord equivalente a cerca del 22% de la población activa, una tasa sin parangón en los países industrializados.