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18 noviembre 17

Venezuela. Amenazan con sancionar a medios que cubran protestas

13 febrero 2014

El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que hacen apología de la violencia y alteran la paz.

William Castillo, el nuevo director general del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela, no se anda con vueltas. Lanzó ayer un exhorto en el que amenaza con sancionar a los medios electrónicos, incluidos los digitales, que cubren las protestas, cuyas penas van desde las multas millonarias hasta el cierre del medio de comunicación.

Nombrado en sustitución de Pedro Maldonado el 31 de enero pasado, Castillo ha querido estrenarse en el cargo con mano dura para que nadie dude de su carácter implacable con la prensa privada e independiente. Viene de ocupar la jefatura de TVES, una televisora que fue confiscada a Radio Caracas Televisión (RCTV) por el ex presidente Hugo Chávez en 2006.

Sus primeras medidas no han caído nada bien, ya que amenaza con aplicar la ley de Responsabilidad Social en la Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como la ley Resorte, a los portales digitales y a la prensa escrita también, que en estos momentos atraviesa por su peor crisis porque el gobierno de Nicolás Maduro no quiere darle las divisas para importar papel de periódico y corren el riesgo de cerrar en las próximas semanas.

“La cobertura mediática que están recibiendo los hechos de violencia generados en algunos lugares del país podría ser considerada violatoria a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Resorte”, dijo Castillo. En un comunicado oficial, la directiva de la Ley Resorte “observa con preocupación que la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares específicos del país por parte de ciertos prestadores de servicios privados, nacionales y regionales, tanto en radio, televisión y medios electrónicos, pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública”.

En otro párrafo, “considera de suma gravedad que nuevamente, al amparo de la libertad de expresión, plenamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, algunos actores del espectro radioeléctrico realicen una cobertura mediática que podría o pudiese privilegiar, en tiempo, tratamiento y lenguaje, la promoción de la violencia y los llamados a cotizar la vida pública, por encima de la convocatoria al diálogo, el respeto a la ley y la solución pacífica de los conflictos”.

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