La comuna capitalina presentó el escrito ante la Justicia en contra de la medida cautelar dictada en su momento por el Tribunal Superior relacionado con el Código de Nocturnidad. La acción se promovió en contra de las resoluciones dictadas a favor de Casino Club y Video Drome, las cuales impiden al Ejecutivo municipal delimitar horarios de apertura y cierre de las casas de juegos de azar, o su posible relocalización, dándole esa ‘competencia’ sólo a la Administración Provincial de Juegos de Azar (AJALAR).

Si bien no hubo información oficial, se pudo saber que el fiscal municipal, doctor Eduardo López concurrió ayer al Palacio de Justicia para presentar el amparo por la cual se promueve acción en contra de las resoluciones de la Justicia recaídas en los autos caratulados Casino Club SA y Video Drome SA.

En su momento la Justicia estableció una medida cautelar de no innovar, ordenando al municipio la suspensión de lo establecido en la ordenanza N* 4.844/11 en lo referido al Código de Nocturnidad.

Se sabe que en estos momentos la Justicia se encuentra de receso, motivo por el cual la Municipalidad solicitó habilitación de feria, por lo que podrían surgir novedades en estos días o no bien regresa en forma normal la actividad judicial prevista para el 1 de febrero.

El amparo habría sido rubricado por el intendente a cargo, Armando Emilio Molina y en donde se habría enfatizado que la Justicia ha invadido la función municipal, violentando con ello el principio de legalidad de las normas, como la autonomía política municipal de raigambre constitucional y el régimen republicano de gobierno que consagra la autonomía del Estado.

De esta manera se insistió en el reclamó al entender que la Justicia no puede dictar una medida cautelar. Por ello se solicitó que se respete lo normado en lo relacionado a los horarios para la actividad comercial contenido en el Código de Nocturnidad sancionado por el Concejo Deliberante y en la que están incluídos los casinos.

Desde el municipio se insistirá en que el horario de los casinos deben regir de 5 a 12, lo cual por ahora no se estaría respetando por parte de las salas de juegos que siguen haciendo caso omiso al Código de Nocturnidad al recibir el visto bueno de la propia Justicia.

La nocturnidad

En declaraciones realizadas al diario El Independiente, el secretario general municipal, Daniel César Herrera manifestó que “aquí hay un conflicto entre el interés general que defiende la ordenanza reglando el tope horario y la utilidad particular de las empresas que defienden su interés que es claramente rentista y económico” definió el secretario general del municipio.

Herrera definió que “no hay duda de que es lo que debe primar por encima de todas las cosas, el interés general, que no implica estar en contra de la actividad comercial, sino de que ésta debe ajustarse al bien de toda la comunidad”.

El funcionario puntualizó que “ante el daño social que causa el juego, el municipio estableció dentro de sus las atribuciones el tope horario. Con el dictado de la norma los casinos han reaccionado judicializando el tema, y los jueces han resuelto priorizando el interés particular por sobre el interés general, lo que ha generado una clara postura social que cuestiona públicamente que la Justicia resuelva en contra del bien común”.

Sobre la decisión judicial de suspender los efectos de la ordenanza sobre la reducción horario señaló que “en este tema no quisiera entrar en el tecnicismo jurídico del caso; lo que si está claro es que la Justicia se ha pronunciado a favor del interés particular sin que esto esté debidamente fundado en los resolutorios que se han dictado. Estoy convencido de que para estos casos en donde está comprometido el interés general la institucionalidad sólo debe responder a la movilización social y dejar de lado los intereses particulares y sectoriales si no, seguramente, estaremos en presencia de una institucionalidad conservadora”.

Herrera descartó un enfrentamiento municipio-provincia en función de la posición de AJALAR al comentar que “entiendo que no hay ningún conflicto, pero de existir no tiene ningún asidero; pues claramente está determinado en el ordenamiento jurídico las competencias de uno y otro: por un lado AJALAR, ejerce el control sobre el juego, tiene el poder de policía sobre el juego y por su parte el municipio en función del interés social tiene a su cargo la regulación de la nocturnidad, es el que habilita los espectáculos públicos y por supuesto regula los horarios”.