Es una fuerte embestida del justicialismo contra el estratégico juzgado federal que controla el yomismo. Los legisladores oficialistas presentaron un proyecto de resolución pidiéndole al vicegobernador Beder Herrera que actúe ante el Consejo de la Magistratura y lo denuncie. Se basan en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la que el máximo órgano de justicia entiende que Blanco actuó con “injerencia” en una causa estrictamente local, “inventando una figura del derecho para arrogarse competencia”. Es el expediente por el cual el intendente Quintela reclamaba fondos al gobierno provincial, que luego fue resuelto por la justicia provincial.

El bloque de diputados del justicialismo local prepara un proyecto de resolución para reclamar el juicio político y la remoción del juez federal Rubén Blanco, a quien acusan de actuar en forma ‘irregular’ y de quien sospechan que fundan su actitud en razones políticas por su pertenencia al sector que lidera el senador Jorge Yoma.

Según anticipó el diputado Oscar Chamía, “los argumentos que se van a esgrimir son contundentes” y, por eso, “estamos instruyendo al vicegobernador Luis Beder Herrera para que haga uso de la figura constitucional de juicio político ante el Consejo de la Magistratura”.

La base de la denuncia de los legisladores es una causa judicial iniciada el año pasado por el intendente Ricardo Quintela, en la que reclamaba fondos al gobierno provincial. Era la época en la que Quintela estaba aún aliado con el líder opositor, el senador Jorge Yoma.

En esa causa se planteó un conflicto por la competencia entre Blanco y el Tribunal Superior de Justicia provincial. El expediente terminó en la Corte Suprema, quien advirtió severamente al juez federal por haber “inventado una figura del derecho para arrogarse competencia en la causa”.

Allí, Blanco le había exigido al Ministerio de Economía de la nación que no le transfiriese al gobierno provincial los fondos correspondientes al municipio de la capital que, además, por pedido de Quintela, había estimado en unos 5 millones de pesos mensuales.

El Ministerio de Economía de la nación había apelado el fallo de Blanco y por eso también la causa fue a la Corte, ya que, en forma paralela, el Tribunal Superior de Justicia provincial había rechazado el planteo de Quintela.

Chamía dijo este jueves que “en el fallo, la Corte advierte que el juez federal ha puesto en riesgo institucional a la provincia y a la nación, inventando el derecho, desconociendo la Constitución y la jurisprudencia sentada por la misma Corte”.

En los antecedentes del fallo se sostiene que “desde la Reforma Constitucional de 1860 se eliminó de entre las atribuciones del Poder Judicial de la Nación el decidir en los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma Provincia”, por lo cual “el conjuez (Blanco) ha realizado una creación ex nihilo del título para fundar su competencia e irrumpir en la ajena, desconociendo el sabio principio (de la Corte) para prevenir del ejercicio arbitrario del poder…”.

En la parte resolutiva, la Corte establece que Blanco que “no se limitó a emplazar indebidamente como parte ante sus estrados al Estado nacional…ostensiblemente extraño al conflicto local…sino que denegó la participación en la litis que el Estado provincial había solicitado”.

La Corte recuerda al juez federal que “el Poder Judicial no puede ser jamás el poder invasor que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar”.

En ese fallo, cuya copia fue distribuida por Chamía a la prensa, la Corte le dice a Blanco que “el fuero federal con asiento en provincias tiene carácter de excepción; vale decir, se halla circunscripto a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que fijan su competencia, cuya interpretación debe ser de carácter restrictivo”.

“La mera circunstancia de que la Municipalidad de La Rioja hubiese promovido un amparo contra el Estado Nacional, no justifica la actuación de la justicia federal para tomar intervención en una situación litigiosa cuya naturaleza local es inocultable”, afirma la Corte en el fallo contra Blanco.

Por eso Chamìa hizo notar “la situación en la que nos encontramos los riojanos en tener a este juez federal que actúa con desconocimiento del derecho o hace cosas a propósito”.

Y explicó que la decisión de actuar contra Blanco fue tomada recién ahora porque “hace dos días recién tomamos conocimiento institucional del fallo de la Corte, cuando fueron notificadas oficialmente las partes”, es decir, la provincia y el municipio capitalino.

Sobre la presunta existencia de vinculación política entre el juez Blanco y el senador Yoma, Chamía dijo que, “si realmente el senador se está entrometiendo en las decisiones judiciales es de una gravedad institucional sin precedentes”.

La presentación del pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura que integra precisamente Yoma será realizada por el vicegobernador Luis Beder Herrera durante la próxima semana.

Blanco considera que son planteos que no debe contestar por tratarse de cuestiones políticas

El cuestionado juez federal Rubén Blanco dijo que “el gobierno está acostumbrado a jugar este juego político y no voy a entrar en el juego perverso sobre si tengo o no razón”.

“Hay organismos como el Consejo de la Magistratura de la nación para que se decida si la provincia tiene razón en pedir mi juicio político”, explicó. Y amenazó: “si no la tiene, supongo que tendré las armas para accionar política o legalmente y hacer la denuncia que corresponde”.

El Consejo de la Magistratura es integrado por el senador Jorge Yoma, cuyo apartamiento del presente caso también ha sido reclamado por los legisladores, ya que Blanco ha sido integrante y dirigente político del Frente con Todos.