En La Rioja, el 6,3% de la población sufre algún tipo de discapacidad, pero por ejemplo en la Capital, casi un 60% de estos no cuenta con el certificado de discapacidad, el cual puede hacer más factible el cumplimiento efectivo de sus derechos. Otro dato es que las leyes argentinas en la materia son buenas, pero la realidad es que prácticamente no se cumplen y las barreras físicas de la ciudad ahondan la exclusión. El drama de los familiares y la indiferencia de la población, completan un panorama por demás desolador que se ve reflejado en este exhaustivo informe de Riojavirtual.

En la Argentina y también en la provincia, las ciudades, los centros urbanos y la vida cotidiana misma no parecen estar hechos para las personas discapacitadas.

Acostumbrados a vivir en un mundo donde la “normalidad” se toma como una regla, la comunidad en general no suele reparar en lo que significa vivir en un espacio que no está hecho a la medida de todos. El estigma de la exclusión es uno de los males que más afectan a aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, incluso más aún que sus propias limitaciones físicas o mentales.

Los conceptos de “personas especiales” o “personas con capacidades diferentes” no son más que eufemismos que en nada contribuyeron a mejorar la situación de la discapacidad en la Argentina y que -por el contrario- profundizaron ese abismo que en la vida cotidiana separa a los discapacitados de aquellos que no padecen estos problemas de salud.

Según datos aportados por el Censo Provincial de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2008, un 6,3% de la población de toda la provincia padece algún tipo de discapacidad permanente. Las cifras registradas en La Rioja no desentonan con la media nacional que, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003, tiene una prevalencia del 7,1%.

El mapa de la discapacidad

Como se dijo, el Censo Provincial de Población, Hogares y Viviendas 2008 arrojó que del total de habitantes de la provincia el 6,3% sufre algún tipo de discapacidad.

A su vez, del total de personas discapacitadas, el 41,5% tiene ausencia o problemas de visión. Este es el grupo mayoritario.

Detrás aparecen quienes sufren otras discapacidades no especificadas por el censo (18,4%).

En tercer lugar se ubican los discapacitados por ausencia o atrofia de miembros superiores o inferiores (12,9%) y en cuarto lugar los que carecen de audición o que tienen problemas auditivos (11,6%). El resto de la población discapacitada de la provincia lo completan las personas mudas y las personas con retrasos o problemas mentales.

En tanto, en el Departamento Capital el 5,2% de la población posee algún tipo de discapacidad permanente.

En el mismo distrito, el Censo Provincial de Población, Hogares y Viviendas 2008 estableció que el 8,1% de los jefes de hogar posee alguna discapacidad. Sobre este punto cabe aclarar que la expresión “jefes de hogar” no se refiere aquí a beneficiarios del programa de empleo sino a aquellas personas que son el principal sustento de su casa.

El censo 2008 también relevó la distribución de la población discapacitada según la necesidad de asistencia en salud de manera permanente. Así, el relevamiento arrojó que en el departamento Capital el 36,5% de los discapacitados requieren medicación permanente mientras que el 30,9% no requiere ningún tipo de medicamentos.

En la provincia hay 12 organizaciones no gubernamentales que se dedican al tratamiento de la discapacidad.

A su vez, hay 12 escuelas especiales (6 en Capital y 6 en el interior). En 2009 la matrícula escolar de estos establecimientos fue de 707 alumnos.

Una cuestión clave en esta problemática lo constituye el certificado de discapacidad.

Los especialistas aseguran el certificado de discapacidad es la puerta de acceso que puede hacer más factible el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas.

“El certificado de discapacidad lo tiene que tener toda persona que padezca este problema de salud porque sólo con ese certificado podrá ejercer todos sus derechos. Incluso en algunos casos aún con el certificado tampoco pueden ejercer todos estos derechos”, le comentan a Riojavirtual miembros del equipo de especialistas de la Dirección General de Personas con Discapacidad.

Según datos del censo 2008, en el departamento capital sólo el 21,1% de los discapacitados posee ese certificado y lo presenta mientras que el 15,2% lo tiene pero no lo presenta. En tanto, la gran mayoría de los discapacitados capitalinos (59,2%) no tiene el certificado en cuestión.

El certificado de discapacidad lo otorga el Ministerio de Salud de la Nación y en la Provincia se lo tramita en diversos puntos de la ciudad capital.

“Hoy en día la evaluación que se hace para otorgar el certificado no es tanto médica sino social. Ya no se evalúa al discapacitado en función de lo que no tiene o de lo que le falta a su organismo sino en función de lo que puede o no puede hacer”, sostiene Sergio Páez, titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad.

Un mundo incómodo

Las barreras físicas son unos de los problemas más graves que sufren los discapacitados. Un rápido relevamiento realizado en el microcentro de la ciudad capital demuestra que La Rioja está muy lejos de estar preparada para que en ella puedan vivir las personas con discapacidad.

Salvo unos pocos edificios públicos y entidades públicas y también privadas, la ciudad no está acondicionada para que los discapacitados puedan circular por ella de manera adecuada.

Y estas barreras no se limitan a las rampas de acceso a estos edificios. También incluyen baños para discapacitados, puertas anchas de los locales, semáforos especiales (en la ciudad hay uno solo ubicado en la esquina de avenida Rivadavia y San Martín y solo atiende la situación de las personas ciegas), entre otros limitantes.

De hecho, desde los organismos encargados de atender a esta problemática cuestionan que está generalizada la discapacidad con la imagen de una persona en silla de ruedas cuando hay muchas otras discapacidades.

La legislación argentina

Todos los consultados en este informe de Riojavirtual, coincidieron en destacar que uno de los aspectos más positivos respecto de la discapacidad es que la Argentina cuenta con una legislación muy completa.

“Las leyes están y son muy buenas. El problema es que no se cumplen”, sostienen los profesionales de la Dirección General de Personas con Discapacidad.

Desde 1981 está vigente la ley nacional 22.431 (y sus modificatorias) sobre Protección Integral para los Discapacitados.

Esta ley apunta a garantizar para las personas discapacitadas su atención médica, educación y seguridad social, así como también concederles las “franquicias y estímulos que permitan, en lo posible neutralizar la desventaja, que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales”.

La ley considera discapacitado a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Esta norma dice también que el Estado debe brindar a los discapacitados una serie de servicios, entre los que se destacan rehabilitación integral, formación laboral o profesional, préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual, regímenes diferenciales de seguridad social, entre otros.

Además legisla sobre el trabajo y educación al sostener que el Estado Nacional, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% del total de su personal.

En consonancia con esta ley nacional la Provincia también cuenta con su propia legislación. La ley provincial 5.097 sancionada en 1988 legisla sobre los Derechos Constitucionales y Legales de las personas discapacitadas.

Por otra parte, la Ley Nacional 24.314 regula sobre todo lo vinculado con la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Esta norma establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte o que los ámbitos ya existentes remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

Esta ley considera una barrera arquitectónica a las existentes en los edificios de uso público sea su propiedad pública o privada y en los edificios de vivienda.

Esto significa la existencia de rampas en oficinas públicas, bancos, restaurantes, bares, hoteles, local comerciales, parques, plazas y demás espacios libres, entre otros.

Los baños públicos también deben ser adaptados para que puedan ser utilizados por discapacitados. A su vez, la ley del cheque establece que una parte de lo que se recauda por este impuesto debe asignarse al tratamiento de la discapacidad. Se trata de una ayuda económica que se otorga y para obtenerla las organizaciones intermedias y organismos oficiales deben presentar los respectivos proyectos.

Dificultades sin límites

La Dirección General de Personas con Discapacidad cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda una asistencia integral a las personas discapacitadas.

Sergio Páez, titular del organismo, y su equipo de profesionales destacan que hay una gran la falta de cumplimiento de las leyes vigentes a la vez que destacan las peripecias que a diario padecen las personas discapacitadas.

Entre las leyes que no se cumplen mencionaron que en la Administración Pública Provincial no se completa el cupo de 4% de los puestos de trabajo que deben estar asignados a los discapacitados que están en condiciones de desarrollar una actividad laboral.

También subrayaron que las empresas de transporte interprovincial de pasajeros son reticentes a otorgar y cumplir con el cupo destinado a los discapacitados.

Sobre la adaptación de las viviendas para discapacitados, el equipo de profesionales de Discapacidad sostiene que esa adaptabilidad no sólo debe contemplar a los discapacitados motrices sino también a quienes padecen otro tipo de discapacidad.

“Otro problema que sufre un discapacitado es cuando quiere obtener la pensión por discapacidad. La consigue, pero al hacerlo eso le impide acceder a un puesto de trabajo porque aparecen como dos actividades incompatibles. A nivel nacional se está trabajando para modificar esto y buscar la compatibilidad entre la pensión y el derecho a trabajar”, asegura Páez.

La situación socioeconómica también influye en la problemática. “La discapacidad va de la mano de la pobreza. Una mujer embarazada de escasos recursos no tiene dinero para comprar hierro para el feto y eso puede repercutir luego en problemas congénitos en el bebé. El factor nutricional es un aspecto clave porque puede derivar en casos de personas con discapacidad”, sostiene el funcionario.

Autismo

Riojavirtual recogió el testimonio de un familiar de una persona discapacitada. Se trata de Teresa Guerrero, madre de una joven autista y presidenta de la Asociación de Padres de Autistas de La Rioja (APADEA).

“Lo que hay que tener en claro es que antes que una persona discapacitada, acá se trata de una persona con derechos, con necesidades y que puede tener sueños y también la posibilidad de elegir”, sostiene Guerrero.

La titular de APADEA también destaca la legislación argentina y sostiene que, pese a todo, en el país hoy se está mejor que antes en materia de discapacidad. “Hoy en el país se habla mucho más que antes del tema de la discapacidad. En eso estamos mejor. El marco legal es muy bueno. Pero hace falta es un cambio de actitud de parte de los familiares de una persona discapacitada. No deben encerrarlos ni aislarlos”, opina.

El autismo es un síndrome que consiste en un trastorno generalizado del desarrollo y que suele aparecer entre los 18 y los 24 meses de vida.

Este síndrome se caracteriza por presentar problemas de comunicación, del lenguaje y de socialización. Además se verifican conductas repetitivas.

El autismo no tiene cura y debe tratarse de por vida. Según Guerrero, el problema se agudiza porque el 70% de las personas autistas padece además de retraso mental. “Es muy agobiante tener que enfrentar la vida con una persona discapacitada. Hay dos opciones. O uno hace algo y se convierte en una mejor persona y en alguien más solidario o se rinde, se entrega ante lo que le toca vivir y se vuelve una persona resentida”, concluye la presidenta de APADEA.

El universo que rodea a la discapacidad parece no tener límites. Más allá de las leyes que protegen y de las propias dificultades que se viven a diario, al parecer uno de los obstáculos más duros que deben sortear las personas discapacitadas está relacionado con la aceptación y la inclusión de parte del resto de una comunidad.

“Los discapacitados viven un montón de dificultades como el de las barreras físicas. Pero el principal problema no son tanto las barreras físicas sino las barreras humanas. Las leyes están, lo que falta es la sensibilidad de la población”, resumen los profesionales del área de Discapacidad de la Provincia.