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19 enero 18

El femicidio de Deolinda. La justicia no le brindó ninguna protección

12 enero 2018

Así lo dio a conocer un informe de la Unidad Fiscal de Violencia de Género dependiente del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que pese a que giró la denuncia de Deolinda Torres (31) en contra de Santiago Condori al Juzgado de Instrucción advirtiendo “alto riesgo de vida” para la víctima, hasta el día del femicidio no se dictó ninguna medida de protección hacia la mujer.

Este viernes Unidad Fiscal de Violencia de Género dependiente del Ministerio Público Fiscal, responsabilizó al Juzgado de Instrucción riojano por el femicidio de Deolinda Torres de 31 años, debido a que confirmó que la víctima había realizado denuncias ante el organismo, y pese a que se giró el caso a dicho juzgado advirtiendo “alto riesgo de vida” para la mujer, no se le brindó protección.

Dice textualmente el informe enviado a Riojavirtual por el Ministerio Público Fiscal:

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el 30 de noviembre pasado el Expediente Nº 9593/17, correspondiente a la víctima Deolinda Torres, fue derivado al juzgado de instrucción con un pedido fiscal de medidas de protección y un pedido de intervención del juez de menores, pero hasta el momento del deceso de la víctima, en la Unidad Fiscal de Violencia de Género no había ninguna notificación del juzgado respecto a lo solicitado por el fiscal.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal informó que conforme a un registro de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, el día 25 de noviembre de 2017 la señora Deolinda Torres se presentó a realizar una denuncia por agresión física en contra de su ex pareja Víctor Condorí. Debido a las características de la denuncia, la psicóloga calificó de “alto riesgo de vida” (sic informe psicológa) la situación de la víctima, por lo cual, el fiscal promovió acción penal con carácter de urgente por el delito de “Lesiones Leves Calificadas” Art. 89 y 92 del C.P.

En virtud de ello, el fiscal solicitó al juez que ordenara las medidas preventivas urgentes tales como exclusión del imputado de la residencia común; prohibición del acercamiento al lugar de residencia, trabajo o lugares de habitual concurrencia de la víctima; prohibición del agresor de comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar conducta similar con relación a la víctima y ordene además el cese de los actos de perturbación e intimidación en contra de Deolinda Torres y toda otra medida que el juez considerara necesaria para garantizar la seguridad de la denunciante, según los artículos 3 inciso H y 26 incisos a1, a2, a7 y b2 de la Ley 26485 (Protección Integral a las Mujeres).

Además, desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron al juez de instrucción que diera intervención al Juzgado del Menor, para “resguardar la integridad física y psíquica” de los hijos de la víctima, porque según consta en la denuncia, los menores habían presenciado duros episodios de violencia.

En este sentido, este organismo judicial informó que hasta el día en que Condorí cometió el hecho delictivo que terminó con la vida de su ex pareja Deolinda Torres, en la Unidad Fiscal de Violencia de Género no existía ninguna constancia sobre la orden del juez respecto a las medidas solicitadas; por lo cual no se pudo realizar el proceso de notificación que permitía al MPF, como en todos los casos, otorgar a la víctima la credencial donde constan dichas medidas de protección.

La mencionada tarjeta habilita el procedimiento -conforme acuerdo entre la Secretaría de Seguridad, la jefatura de Policía y el MPF vigente desde marzo 2017- de acceso gratuito a la línea 0800-444-0020, que está habilitada las 24 horas de los 365 días del año, para que las víctimas puedan pedir auxilio a la policía y en esta instancia los efectivos de la fuerza pública pueden abrir automáticamente un proceso por desobediencia a la autoridad en flagrancia y proceder a la detención del agresor.

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