Es que el gobierno envió un proyecto a la Legislatira que prevé que el órgano de contralor no sólo verificará los comprobantes y la presentación formal de las rendiciones de cuenta, sino que también debe poder constatar para qué y en qué se invierten los fondos públicos, es decir evaluar la razonabilidad y la forma en que desde el Estado se utilizan los recursos.

La Cámara de Diputados tiene en estudio el proyecto para modificar ley orgánica y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, por la cual lo faculta a realizar la verificación de la razonabilidad de la administración en la percepción e inversión de los recursos del Estado.

El proyecto para modificar el artículo 16º Inc. a) de la ley Nº 4.828, fue presentado por el propio órgano de control y tomó estado parlamentario en la sesión ordinaria del 6 de octubre pasado y prevé su aprobación en el presente periodo legislativo.

En los fundamentos del proyecto se destacan las atribuciones del Tribunal y que está relacionado al control de legitimidad en la percepción e inversión de caudales, abarcando los fondos administrados por organismo del Estado provincial y municipal, y los de las empresas públicas o con participación estatal e instituciones privadas que administren fondos del Estado.

Se consideró que el control implica no sólo la verificación de la legalidad de la administración de los recursos, en sus aspectos matemáticos, documentales, contables, presupuestarios y financieros, sino también la constatación de la razonabilidad de tal administración, referidos a la oportunidad, conveniencia, economía y eficiencia del uso de los recursos del Estado.

El presidente Luis Zamora destacó lo conversado con el gobernador Beder Herrera y con el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Mario Guzmán Soria, por la cual se acordó y elevó la modificación a los fines de otorgar al órgano de control las facultades para el control de la gestión.

Explicó que se trata de una “actualización” de los sistemas de control, considerando la creación de entidades con nuevas formas jurídicas y que va mucho más allá del control formal y legal, “ello se amplia hacia el control de la legitimidad que precisamente se base en el control de la gestión de todos los entes de la Administración Pública Estatal y con participación estatal como las SAPEM, ONG, SRL entre otras entidades en que el Estado conforma a través de nuevas formas jurídicas”.

Consultado si las visitas y recorrida de obras que realizó el organismo, están relacionadas con la nueva metodología dijo que “ello tiene que ver con todo lo que gestiona el Tribunal” y aseguró que la modalidad del TC “es salir de las oficinas y no esperar que llegue el expediente de las rendiciones, sino también verificar qué es lo que realmente está ejecutando el Gobierno a través de obras, y a través de las nuevas normas jurídicas. Lo mejor es visualizar y verificar ocularmente, todo lo que se gasta y como se está gastando”.

Aclaró que “necesitamos de esta ley, porque se pretende el concepto de la razonabilidad del gasto y a partir de ello considerar la oportunidad, mérito y conveniencia, además de la economía, eficiencia y efectividad del gasto”.

Por su parte el vicepresidente, Rolando Carrizo explicó además que cuando la Constitución habla del control de la legitimización, no sólo es abarcativa en el control de legalidad, sino que también abarca la razonabilidad de la administración de los fondos; controles de economía, oportunidad y eficiencia.

En tanto el vocal, Jorge Menem consideró que “el organismo no solo controlará el comprobante y la presentación formal de las rendiciones de cuenta, sino que realizará el control de para qué son invertidos y en qué son invertidos los fondos públicos”.

Entiende que “no sólo es necesario demostrar la oportunidad, la economía o la eficiencia del gasto, sino que hay que demostrar que se ha hecho la inversión. Con la modificación de la Ley Orgánica y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, no sólo se deberá mostrar con los comprobantes que se ha invertido, sino también si se lo ha hecho razonablemente y en complimiento de los tres principios: economía, eficiencia y eficacia”.