Lo resolvieron los gremios disidentes de la CGT que se reunieron este jueves. Ratificaron el reclamo de un sueldo básico de 510 pesos y aumentos progresivos para el resto de las categorías. La medida de fuerza se concretará el próximo jueves. Al paro no adherirá la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP). En cambio si lo harán los trabajadores de la salud, viales, municipales de capital y de otras áreas estatales e invitarán a los docentes para que se sumen. Advierten que si el gobierno no concede un aumento salarial las medidas irán acrecentándose. Y reclaman la derogación del decreto que dispone el descuento de los días de paro a los estatales que adhieren a las protestas.

Unos 14 gremios estatales disidentes de la CGT La Rioja decidieron iniciar un plan de lucha con medidas de acción directa para reclamar un aumento salarial para los trabajadores del sector público.

La primera decisión fue convocar a un paro general en toda la provincia para el próximo jueves, al que adherirán los trabajadores de la salud, viales, municipales de capital, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, afiliados a UPCN, gráficos y otras áreas del Estado.

Invitarán a sumarse también a los docentes y la Asociación de Trabajadores Provinciales, a través de su titular, Carlos Euliarte, confirmó que no adhiere a la protesta.

Los disidentes mantienen su decisión de pedir un aumento del salario mínimo a 510 pesos e incrementos progresivos para el resto de las categorías.

Según el titular del gremio de la sanidad (ATSA), Nicolás ‘Achín’ De la Fuente, participaron del congreso sindical unos 300 delegados. El secretario general del Sindicato Gráfico, Luis Ocaranza, dijo que también asistieron delegados de la ATP, pero Euliarte lo negó.

Los gremios distanciados de la conducción cegetista advirtieron que las protestas irán creciendo si el gobierno no concede el aumento salarial exigido. Incluirán paros y movilizaciones en toda la provincia y, mientras tanto, ponen en funcionamiento una mesa jurídica para contrarrestar los descuentos de los días de paro que el gobierno dispone sobre los trabajadores en huelga.

De la Fuente dijo que una comisión sindical reclamará ante los legisladores provinciales “la derogación del decreto Cavero”, el instrumento jurídico por el cual se descuentan a los trabajadores estatales los días de paro.