Por ello, el diputado provincial Guillermo Galván elabora un proyecto de ley para crear un ‘Registro Público de Deudores Alimentarios’, el cual contendrá un listado de acceso público de los padres que no cumplan con sus obligaciones económicas en lo que atañe a la manutención de sus hijos, siempre que la cuota que estos debieran pagar sea dictaminada por la justicia.

Un proyecto de ley del diputado radical Guillermo Galván apunta a crear un “Registro Público de Deudores Alimentarios”, que contendrá un listado de los deudores alimentarios que hayan sido intimados judicialmente o extrajudicialmente a través del proceso de mediación que hace tanto la justicia provincial como federal.

Dicho registro va a ser publicado todos los meses en una página web que se va a crear, además lo harán por medio del boletín oficial, y otros medios de comunicación en donde el Estado tenga publicidad oficial.

El objetivo del mismo es persuadir, disuadir, convencer a las personas que son deudoras alimentarias que cumplan con su obligación en el Código Civil, que es prestar alimento y asistencia a sus hijos. El legislador autor del proyecto explicó que “es una idea tomada de la provincia de Mendoza, en la cual tiene una muy buena aplicación”.

“Se necesita que esta cuota alimentaria sea rápida e inmediata, ya que el niño no puede esperar la mora de ese padre para comer, para vestirse, para curarse. Y como esos derechos están contemplados en las convenciones internacionales que protegen los derechos del niño, como tiene rango constitucional, nosotros necesitamos esta medida que va a ser de impacto social, en la práctica es un escrache publico al deudor alimentario”, indicó Galván.

Por último, el legislador radical detalló que actualmente quienes no cumplan con la cuota alimentaria en el marco de la actual ley, tienen sanciones entre las cuales se les impide obtener un crédito bancario, solicitar el carné de conducir, transferir la titularidad de un negocio, obtener habilitaciones comerciales, ingresar a la administración pública o ser proveedor del Estado, y si su proyecto se convierte en ley además sufrirán el escrache público por no cumplir con la cuota alimentaria a su hijo.