Aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que en la Argentina la ludopatía tiene una tasa de prevalencia del 10 por ciento. Se trata de una enfermedad de complejas consecuencias personales, sociales y económicas. El bajo nivel de reconocimiento de la enfermedad por parte de quienes la sufren y la condescendencia y tolerancia de las normativas vigentes favorecen al crecimiento de esta gran industria del juego. Aquí, un detallado análisis de la situación en Capital y los costos beneficios que produce esta rentable actividad para la pobre sociedad riojana.
La ludopatía es un problema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Aunque no hay cifras estadísticas registradas sobre la cantidad de personas que sufren de ludopatía, se estima que entre 5 y 20 millones de personas en América Latina son adictas al juego, es decir, entre 1.37% y 3.37% de la población.
La Argentina es el país de la región con la mayor tasa de prevalencia de adictos al juego, estimándose en 3 millones de personas sobre una población total de 37 millones. Esto significa que la ludopatía tiene en nuestro país una tasa de prevalencia de 10%.
En el país -donde no en todas las ciudades están permitidos los juegos de azar- algunas estimaciones indican que las personas gastan unos 700 millones de dólares en loterías, carreras y casinos dependientes del Estado.
Estas abultadas cifras no incluyen los juegos de azar clandestinos, que según los expertos, recaudan fortunas inconmensurables por año en toda América Latina.
Esta descomunal industria del juego crece a límites insospechados y lo hace generalmente detrás de un velo de misterio que transforma al mundo del juego en un universo casi impenetrable.
Según Jugadores Anónimos es muy difícil establecer la cantidad de ludópatas existentes en el país. Esta entidad sostiene que el único cálculo posible, hasta el momento, puede ser estimado sólo por la cantidad de personas que buscan ayuda.
La ludopatía es la adicción al juego o el juego compulsivo. Se trata de una patología que desde 1980 está reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ludópata tiene un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser consciente de las consecuencias personales, sociales y económicas que esa conducta le trae aparejada y del deseo de detenerse.
Para algunos especialistas, la ludopatía es una adicción que puede equipararse al alcoholismo o a la drogadicción. La excitación, la adrenalina, el olor de la sala de juegos, el temblor que recorre el cuerpo mientras gira la ruleta o dan vueltas los discos de las máquinas tragamonedas, el corazón que galopa en el pecho. Son todos signos de ese impulso irresistible que es la ludopatía y que no se parece en nada al placer.
Los vidrios polarizados de las fachadas, las luces multicolores y el repiqueteo frenético de las máquinas tragamonedas adornan un mundo de fantasía ante cuyos pies se rinden quienes sufren de la enfermedad. La ausencia de relojes en los locales habla de un mundo sin tiempos y sin límites y que sumergen al ludópata en un infierno cada vez más oscuro.
El adicto al juego no sólo pierde dinero o hasta bienes inmuebles. También pierde a su familia y a los amigos. Pierde la confianza de los otros, la valoración de sí mismo, el sentido de las cosas y la orientación de su deseo.
En este mundo de la ludopatía se advierte, a priori, dos elementos que se complementan y que potencian la proliferación de la enfermedad.
Por un lado hay un aspecto psicológico muy fuerte y que tiene que ver con el bajo nivel de reconocimiento de la enfermedad por parte de aquellos que la sufren. Al no reconocer que se tiene la enfermedad no se busca ayuda y esto relativiza el impacto de cualquier programa o plan de prevención y tratamiento del problema.
La otra cuestión es mucho más compleja y está vinculada con cierta tolerancia y estímulo por parte de las autoridades para la permanencia y proliferación de las casas de juego. Si bien estos locales cumplen con las normativas vigentes, éstas suelen ser demasiado condescendientes y flexibles y no ayudan en nada a frenar la ludopatía.
En la ciudad capital los casinos y casas de juegos están a la orden del día y son varios los locales existentes.
Tan solo en un radio de 100 metros a la redonda - en las adyacencias de la Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad- hay tres grandes salas de juego que ofrecen el sueño de la salvación económica a quienes ingresan a esos locales con la expectativa de revertir una situación financiera adversa.
Pero también hay quienes juegan no por apremios económicos sino por el puro “placer” de jugar.
En la provincia está vigente desde diciembre de 2006 la ley 8.111 que considera la prevención y el tratamiento de la ludopatía como una política de Salud y de interés público.
La norma establece que todos los establecimientos de Salud Pública deberán contar con el personal capacitado para atender esta patología y ofrecer tratamientos integrales como así también diseñar programas de prevención, habilitar una línea telefónica de acceso gratuito para realizar consultas sobre la enfermedad e instrumentar la habilitación de un centro de asistencia, información y control estadístico de la ludopatía.
La ley establece además que todas las casas de juegos de azar habilitadas deberán impedir el ingreso de las personas afectadas por la ludopatía y aclara que para que esto pueda concretarse las autoridades sanitarias deberán proveer a estos establecimientos de la documentación necesaria para individualizar e identificar al enfermo y restringir así su ingreso al local.
La Asociación Riojana de Defensa del Consumidor (ARCO) fue una de las entidades que intentó sin demasiado éxito iniciar una ofensiva contra las empresas de casinos y casas de juegos. Para ello solicitó al Ministerio de Salud un informe detallado sobre las acciones que se estaban tomando respecto de todo lo establecido por la ley 8.111. La entidad también realizó pedidos de informes a las propias casas de juego.
Rodolfo Hünicken, coordinador de Salud Mental del Ministerio de Salud explica que existe un programa de prevención y tratamiento de la ludopatía que funciona en un Centro Referencial de Salud Mental ubicado en el barrio San Martín.
Sin embargo, el funcionario destaca que existe muy poca demanda de pacientes que requieren de tratamiento y considera que esa baja demanda obedece al escaso nivel de reconocimiento de la enfermedad por parte de quienes la padecen.
“Uno de los problemas de la ludopatía es que quienes la sufren no se reconocen como enfermos. No reconocen que tienen un problema. El ludópata vive el juego como un desafío personal. Se sienta frente a la máquina tragamonedas y es un desafío personal el que se entabla”, sostiene Hünicken que, además de funcionario, es médico psiquiatra.
Para Hünicken la ludopatía es una adicción que está más socializada que otras adicciones. “Las personas que sufren otro tipo de adicciones tienen restricciones para ejercerlas. Los que sufren de adicción a drogas, los que se alcoholizan o los fumadores no pueden hacerlo en cualquier lado. En cambio para los ludópatas no hay restricciones, tienen un lugar para eso. Esto demuestra que la sociedad acepta como normales algunas conductas y otras no”, opina el profesional.
El actual régimen de nocturnidad establecido por el municipio capitalino establece un trato claramente diferencial a favor de los casinos y salas de juegos de azar con respecto al resto de los locales y establecimientos comprendidos en la ordenanza que regula la actividad denominada como Espectáculos Públicos.
El régimen horario fijado para boliches, bares, pubs, confiterías bailables, peñas y festivales es mucho más estricto que el habilitado para los casinos.
Aquellos tienen un régimen horario que va de 20.00 a 5.00 los días viernes, sábados y vísperas de feriados y de 20.00 a 3.00 de domingo a jueves.
En cambio, los casinos y salas de juegos de azar pueden abrir sus puertas entre las 9.00 y las 5.00 del día siguiente cualquier día de la semana. Es decir, que pueden abrir durante 20 horas consecutivas. La única medida que la ordenanza 3841 impone a las casas de juegos para prevenir la ludopatía se resume en la obligatoriedad de exhibir un cartel tanto en el acceso como en el interior de estos locales con la leyenda “Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud”. La misma leyenda es exigida por la ley 8.111.
Sin embargo, Hünicken relativiza la efectividad de esa medida. “Es una advertencia similar a la que aparece en un paquete de cigarrillos o en la botella de una bebida alcohólica. Además, dice ‘jugar compulsivamente’. ¿Quién puede determinar lo que es compulsivo y lo que no lo es? Lo puedo saber yo que soy médico pero el común de la gente que va y juega no sabe si lo que hace es una conducta compulsiva”, sostiene.
Uno de los aspectos más importantes de la ley 8.111 es que crea un Fondo Especial para el financiamiento del Programa de Prevención y Lucha contra la Ludopatía que se debe nutrir con un aporte del 1,5% de las alícuotas de los códigos de la actividad establecidos por otra ley, la 7.954 (artículo 11) y también con el aporte de donaciones realizadas por personas físicas o entidades publicas y privadas.
La ley 8.111 establece además que será la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) quien deberá informar mensualmente al Ministerio de Hacienda sobre el monto recaudado a efecto de que ese dinero sea transferido al Fondo Especial para el tratamiento de la ludopatía.
Según le informó a Riojavirtual el titular de la DGIP Manuel Fuentes Oro, ese Fondo Especial recauda un monto mensual que oscila entre 2.500 y 3.000 pesos. “Las alícuotas establecidas oscilan entre un 5,6% y un 6% del total que declaran las casas de juegos de azar. Sobre ese monto se asigna el 1,5% al Fondo Especial para la Ludopatía. El problema es que es muy poco lo que se recauda por mes porque las alícuotas fijadas son bajas”, señala Fuentes Oro.
Para fijar un valor de lo que debe pagar una casa de juegos de azar, la ley 8.111 establece como parámetro que se debe abonar 1.080 pesos por cada máquina tragamonedas o mesa de juego. Sin embargo, Fuentes Oro aclara que las empresas de casinos y casas de juego superan con creces en sus declaraciones ante la DGIP ese piso mínimo impositivo.
Más allá de las buenas intenciones de las autoridades y de la anuencia de los propios ludópatas para combatir la enfermedad, la realidad demuestra que –cuatro años después de su puesta en vigencia- los alcances de la Ley 8.111 no se cumplen de manera plena.
En agosto pasado, los diputados provinciales por el Frente Cívico y Social (UCR) Guillermo Galván y Judith Díaz Bazán presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de informes para conocer el monto que el Estado Provincial percibe por las ganancias de los casinos de La Rioja.
“Buscamos saber los montos del negocio del juego de azar a través de estos casinos y sus tragamonedas, ya que el cálculo que hemos realizado es que asciende a 130 millones de pesos al año, lo que equivale a un mes de salario de la Administración Pública Provincial. Queremos que el Gobierno informe de qué manera contribuyen los casinos al erario público, cuáles son sus ganancias, de qué manera se recauda y donde se invierte ese dinero en la comunidad,” había explicado Galván.
El objetivo de los legisladores radicales es presentar un proyecto de ley para que se relocalicen los casinos fuera del ejido urbano. Con esto se busca que quienes quieran jugar deban realizar el esfuerzo de tener que trasladarse hacia zonas alejadas para hacerlo y que la tentación del juego no esté al alcance de la mano.
“Las ganancias de los casinos provienen de los salarios de nuestros comprovincianos y los bajos sueldos que perciben los tienta a probar fortuna en el juego. Llegan a los casinos apenas cobran para salvar el día y terminan perdiendo el sueldo del mes y esa tentación es fomentada por la cercanía de los casinos con los bancos y cajeros automáticos. Para alguien que está tentado de jugar no es lo mismo que el casino le quede a 30 metros y frente a la Plaza que si tuviera que trasladarse a las afueras de la ciudad”, sostenía Galván en ocasión de la presentación del pedido de informes. La iniciativa de la UCR apunta a que las casas de juego se emplacen en sitios alejados de bancos, cajeros automáticos, escuelas e iglesias.
En este proyecto, los diputados radicales también están trabajando con sus pares partidarios del Concejo Deliberante capitalino.
Al respecto, el concejal por el Frente Cívico y Social (UCR) Eleazar Arabel le dijo a Riojavirtual que el bloque de ediles de la oposición está trabajando sobre el tema de la ludopatía y anticipó que pedirá informes acerca de todas las ordenanzas vigentes y respecto de lo que tiene que ver con medidas de seguridad de esos locales. Asimismo, anticipó que también solicitarán que las casas de juego no tengan ocultas sus fachadas con vidrios polarizados para que pueda verse hacia el interior.
“Nuestro principal objetivo es impulsar medidas para defender los magros recursos de la gente que sufre de esta enfermedad. Es decir, evitar la proliferación de la enfermedad y defender el dinero de la gente, porque acá el problema es que juega gente de clase media a la que no le sobra la plata. Como Estado no podemos desentendernos de esta problemática”, sostiene Arabel.
Algunos analistas sostienen que el juego de azar es una de las “industrias” más prósperas de la economía latinoamericana porque entienden que no sólo enriquece a las grandes empresas propietarias de estas salas sino que también genera empleos y nutre las arcas de los gobiernos gracias a la recaudación fiscal.
Muchos encuentran en este análisis la explicación a la tolerancia, a las prerrogativas que suelen tener estas casas de juego y a los estímulos que proporciona el Estado a la radicación de casinos o al lanzamiento de nuevos juegos de azar.
Mientras tanto, la ludopatía es una enfermedad real y constante que agobia a mucha gente y que crece al calor de ese velo misterioso que siempre envuelve a la industria del juego.
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