Es que un 31 de enero del 2007 el gobierno nacional intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y puso al frente de la mayor distorsión de la realidad a Guillermo Moreno. La inflación que reconoce el organismo (menos del 10% anual) sigue estando muy por debajo de los indicadores que relevan las provincias (23% promedio) y consultoras privadas (hasta 25%).

La intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cumplió este martes cinco años y parece más vigente que nunca.

La inflación que reconoce el organismo (menos del 10% anual) sigue estando, como desde febrero de 2007, muy por debajo de los indicadores que relevan las provincias en sus economías (23% promedio) y las consultoras privadas (hasta 25%).

Según las denuncias que siembra la oposición, desde que Moreno se hizo cargo del tema, los números que revelan el encarecimiento del costo de la vida sufrieron una fuerte distorsión.

Desde el momento en que el gobierno desplazó a la directora del área de Precios del INDEC, Graciela Bevacqua —hoy cuestionadora de la administración nacional—, se cumplió un lustro.

A partir de entonces, hubo otras deserciones casi forzadas. ¿Nombres? La directora de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, y, tiempo después, el propio titular del organismo, Lelio Mármora.

Como balance del período transcurrido, el descrédito parece importante. El Indice de Precios (IPC) no es usado como referencia por agentes económicos o actores sociales (sindicalistas para las paritarias, por caso).

El INDEC tampoco pasó la prueba de los especialistas designados por el propio gobierno para auditar las estadísticas oficiales.

A mediados de 2009, un decreto constituyó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero (oeste del conurbano) y Tucumán.

El objetivo era obtener un certificado de calidad para el IPC, pero se transformó en un bumerán porque se concluyó que la confiabilidad del IPC-Gran Buenos Aires está cuestionada: los precios relevados no guardan relación con los pagados por los consumidores.

“Es necesario generar acciones para modificar, nuevamente, el período-base y asegurar la calidad de los procedimientos de relevamiento y procesamiento de precios”, se argumentó.

El CAES remarcó, además, que las estadísticas oficiales no adolecen de un problema metodológico sino de naturaleza institucional e impugnó la calidad técnica del personal incorporado desde 2007.