Con estas duras palabras, el diputado provincial Delflor Brizuela describió la situación que vive hoy la localidad de Chilecito, respecto a la investigación que lleva adelante la Legislatura por las irregularidades en la venta y tenencia de tierras en el oeste riojano, donde estaría probada una asociación ilícita conformada por miembros del Poder Judicial y profesionales del mencionado departamento. “Se han detectado visos de corrupción, por lo que nuestra obligación es curar las instituciones sospechadas”, señaló el legislador. Aquí, los nombres de los implicados.

Como lo adelantara la prensa durante toda la semana, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves, la Comisión Especial, que investiga las supuestas irregularidades en la venta y tenencia de tierras del oeste riojano, brindó un informe preliminar que, prima facie, existen observaciones de irregularidades.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Délfor Brizuela, aclaró que “aún no concluyó la investigación”, ya que tiene 60 días más para investigar, aunque explicó e informó sobre todo lo actuado hasta el momento, al señalar que “habría serias irregularidades por parte de magistrados y funcionarios judiciales, y particulares que estarían relacionados y aparecen en todas las transacciones de compra-venta de las tierras del campo Santa Rita, conocido como el sector del Paimán y San Miguel, departamento Chilecito y de la zona de Valle Hermoso, departamento Vinchina”.

En la sesión, los legisladores que integran la comisión informaron a sus pares, cómo avanzaron en la investigación, la documentación receptada y de los testimonios de las personas que fueron citadas para aportar información sobre el caso.

En la exposición, Brizuela ratificó que “la investigación se llevó a cabo con el objetivo de dar a la luz la situación que se había planteado con las ventas y tenencia de las tierras en el oeste riojano, garantizar los derechos, y aunque muchos descreyeron de las instituciones, hemos actuado y receptado las inquietudes de la sociedad, para controlar los actos de funcionarios públicos y hemos actuado en consecuencia”.

En ese sentido, el legislador recordó que “desde el primero de julio pasado, la comisión actuó por las supuestas irregularidades en el Paimán, pero al avanzar en la investigación, se fueron incorporando nuevos casos con procedimientos y actores similares, en el distrito San Miguel, departamento Chilecito y Valle Hermoso, departamento Vinchina.

Puntualmente se refirió las 140 hectáreas del Paimán, conocido por el Campo de Santa Rita, desde la década del 70 y del80 se realizaron ventas, donaciones y expropiaciones, para el Parque Industrial de Chilecito, pero además, en la época de los años `90 a la fecha, se produjeron ventas, loteos y se fueron traspasando posesiones, “todo hace notar, que fue un negocio inmobiliario”.

Brizuela explicó que “en la investigación, llamó la atención que las certificaciones de firmas, intervenga principalmente la Secretaría del Juzgado de Paz Letrado, a cargo de Mario Massud”, agregando que “si existiera un familiar de éste, la certificaciones las realizaba el secretario del mismo Juzgado, Bestani”.

De acuerdo con las declaraciones testimoniales que se llevaron a cabo y que están relatadas ante escribano público, el presidente de la comisión adelantó que “están documentadas las amenazas que habría recibido María Kammerath Gordillo por parte de Mario Massud”.

“El funcionario judicial -agregó Brizuela- estaría además relacionado con las tierras de San Miguel, ya que el abogado García Quinzaños, vende a la hija de Massud, tierras de esa zona”, considerando el legislador que “todo tiene relación con las tierras de Valle Hermoso, que justamente, García Quinzaños instó a los pobladores a firmar un comodato y certificando la firma el propio Massud”.

“Esto habla de una connivencia de funcionarios judiciales con operaciones inmobiliarias”, entendió Brizuela y se preguntó el porqué había inacción por parte de la Justicia ante algunas denuncias y celeridad en otras por parte del agente fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial.

“Con estas acciones, el pueblo de Chilecito se veía y se sentía desprotegido”, aseguró el legislador, que “todo ello estaba armado por una banda de delincuentes”.

Aunque aclaró que brindaron el informe sin “animosidad”, consideró que todas las operaciones de compra, venta y tenencia de tierras, fueron un “ardid delictivo”, por lo que adelantó que “sin invadir competencias judiciales, se elevarán todas las actuaciones y consideraciones a los organismos correspondientes para que actúen en consecuencia”.

Por su parte, la representante de la oposición en la Comisión Especial, Judith Díaz Bazán, ejemplificó que “el modus operandi en la venta y tenencia de tierras, se asemeja a las series televisivas, como una mafia que se valía del Poder Judicial y de un ardid jurídico”.

De acuerdo con los testimonios que recabaron en el proceso de la investigación, la diputada del FCyS, afirmó que vinculan puntualmente a la zona del loteo del barrio Paimán, con la zona del distrito San Miguel y posteriormente con la zona de Valle Hermoso, departamento Vinchina, aunque aclaró que esta última, llevará más tiempo en su investigación.

Apuntó en ese sentido, que existen actores comunes y que sólo le corresponde a la comisión recabar datos y poder acercarlos a la Justicia, dejando en claro cuál ha sido el rol y el vínculo de cada uno de ellos, “actores comunes que se defienden y eran dueños de esos títulos, porque trabajaban en el estudio jurídico y se les pagaba con tierras” .

Explicó que “dichas tierras, luego eran inscriptas y vendidas sucesivamente a distintos pobladores, algunos con la intención de tener un terreno propio y otros en forma intencional para la compra-venta, y regularizarlos ante el pedido de mensuras colectivas”.

Afirmó que “esas acciones eran amparadas cuando tenían que ir a defender en contra de quien presentaba los títulos originales”, agregando la legisladora que “ello le sucedió a Espejo, que cuando fue llamado a testimoniar, daba fe de que él tenía la posesión, pero no podía probarla y le habían sido concedidas 76 hectáreas que litigó con la Universidad de La Plata, en una forma totalmente libre de funcionamiento en la Provincia y fundamentalmente en esa zona”.

Adelantó la legisladora que “la Justicia tendrá una ardua tarea y largo camino, para tomar todos estos datos que han recabado y determinar qué tipo de vínculo tienen estas organizaciones que mencionan puntualmente a García Quinzaños, Nirich, Nader, Michel, Mussud, para esta colegiación de venta de tierras en un sitio y en otro”.

Aclaró que “no nos corresponde a nosotros, más que recabar los datos y escuchar a la población, para ver de qué manera esto tendrá una salida, pero creo que es tiempo de que cada uno de los que estamos en una función definida, nos acotemos a una función, porque no da impunidad, sino que nos da más responsabilidad, cuando ejercemos un cargo público”, concluyó.

Cabe recordar que la Comisión Especial que investiga las supuestas irregularidades en cuanto a la venta y tenencia de tierras en el oeste provincial, fue creada el 1º de julio próximo pasado, y quedó integrada en su primer momento por los diputados Délfor Brizuela (que ejerce la presidencia), Judith Díaz Bazán, Julio César Díaz, Oscar Chamia y Camila Herrera.

Finalmente, a instancias del presidente del Bloque Justicialista, Mario Guzmán Soria, y con el acuerdo unánime de todo el cuerpo, el informe preliminar dado por la Comisión Especial, fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, a los fines de tomar conocimiento, estudiar dicho informe y brindar un dictamen en consecuencia.

El informe será elevado también al Consejo de la Magistratura y a la Función Ejecutiva de la Provincia y de la Municipalidad de Chilecito, para que determinen las responsabilidades políticas, además de presentar las denuncias penales en el Superior Tribunal de Justicia, por la actuación de magistrados y funcionarios de esas funciones del Estado.