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24 noviembre 17

“Inaceptable”. Así definió la CGT la reforma laboral macrista

02 noviembre 2017

La central obrera canceló un encuentro agendado con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Rechaza de plano los cambios propuestos por Casa Rosada en la ley de Contrato de Trabajo y amenaza, con el apoyo de los gobernadores del PJ, en hacer caer el proyecto de ley.

Los dirigentes de la CGT tomaron contacto con el borrador del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y se encontraron con aspectos que no habían sido debatidos durante los encuentros con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Desde la central obrera apuntaron a un artículo del proyecto que “modifica la definición de trabajo” al generar una modificación en su concepto transformándolo en una “relación de cooperación” para promover la actividad productiva y “esa definición no la compartimos porque acá no hay una relación entre iguales”, advirtió Juan Carlos Schmid, en declaraciones radiales.

Se espera que en las próximas horas la CGT acuerde una postura común en una reunión de “mesa chica” que se hará esta semana y en otra de Consejo Directivo que se concretará la próxima, por lo cual no cumplirá el plazo de dar una respuesta al gobierno sobre la iniciativa antes del día de hoy, como había solicitado el ministro Triaca.

Por su parte, Héctor Daer, otro de los triunviros de la CGT, dijo que “recibimos con sorpresa mayúscula que pretendan cambiar la filosofía del derecho del trabajo de nuestro país pretendiendo pasar de un derecho tutelar a un derecho de iguales. Eso es innegociable”, anticipó.

Los sectores gremiales más opositores a la gestión de Mauricio Macri ya salieron públicamente a rechazar la reforma laboral, entre ellos, Omar Plaini, el secretario general de Canillitas y el jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli.

El proyecto incluye un blanqueo laboral para que las empresas regularicen a sus trabajadores “en negro”, con una amnistía para las contribuciones patronales no pagadas al menos durante los primeros seis meses.

El gobierno promueve así la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores; y a los trabajadores “blanqueados” se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria, entre otros puntos.

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