by Emanuel Hernadez | 24 julio, 2018 8:24 am
Lo anunció el presidente Mauricio Macri y generó la reacción de organismos de Derechos Humanos, incluso el secretario del área en La Rioja, Délflor Brizuela. Lo definió como un «atentado a la institucionalidad democrática» ya que a su entender lo prohíbe la Constitución Nacional. Teme volver «a épocas oscuras».
El secretario de DD.HH. de la provincia, Délfor «Pocho» Brizuela, manifiestó su enérgico repudio a los anuncios del Presidente Mauricio Macri, sobre una modificación de la ley de Seguridad y de Defensa, otorgando facultades a las FF.AA., de colaboración en tareas de seguridad interna, vedadas absolutamente a las mismas, por ley, desde el retorno de la democracia.
«Es una muestra más del poco aprecio por la democracia del Presidente, que cada vez más, sin titubeos, reivindica lo peor de las FFAA y de los tiempos más oscuros del país», afirmó Brizuela.
Señaló que «aceptar esta propuesta, sería claudicar de las bases de nuestra construcción democrática y allanar el camino, al que no queremos, ni permitiremos retornar, de la creación del enemigo interno, la persecución a opositores y activistas sociales, el espionaje institucionalizado y la violencia estatal, con las consecuencias trágicas que estás prácticas traen».
Consideró Pocho Brizuela que «es lamentable que las autoridades de Derechos Humanos nacionales no se hayan pronunciado en contra y puesto al frente de la oposición, como nos expresáramos en el Consejo Federal de todas las provincias, en Salta, a tamaña agresión y atentado a la institucionalidad democrática y potencial violación a elementales derechos humanos de los ciudadanos», concluyó.
Nación oficializó el plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que a partir de ahora serán empleadas en el combate del terrorismo internacional y colaborarán en la lucha contra el narcotráfico. Además, custodiarán objetivos estratégicos que hasta al momento eran vigilados por la Gendarmería.
Las modificaciones se formalizaron a través del decreto 683/2018, que figura en el Boletín Oficial de este martes con la firma del Presidente, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Defensa Oscar Aguad.
A través del texto, el Gobierno derogó la Directiva Sobre Organización y Funcionamiento de las FFFA aprobada por el decreto 1691 e introdujo cambios en el 727, que limitaba el uso de las fuerzas militares al combate de agresiones de otros estados -ambos firmados por Néstor Kirchner en 2006-.
«Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas«, indica el primer punto de la norma.
Y agrega que las FFAA enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones:
-Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación.
-Operaciones dispuestas en el Marco de la ONU u otros organismos internacionales.
-Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059.
-Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional.
Por otra parte, señala que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional, que «deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas fuerzas«.
«La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa«, remarca el decreto. La novedad es que dentro de esas agresiones externas no sólo serán consideradas otras naciones: las FFAA podrán emplearse para combatir al terrorismo y al narcotráfico internacional.
El texto sostiene también que las tres fuerzas «tendrán por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar».
Y aclara que el Ministerio de Defensa «considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FFAA, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad«.
En los argumentos, el Ejecutivo consideró que «como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del Estado».
Y agregó que la Ley N° 24.948 establece como principio fundamental de la reestructuración de las FFAA «la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo y con fuerzas del ámbito regional y las de los países que integren contingentes de paz por mandato de las Naciones Unidas».
Una de las novedades de la reforma es la introducción de la custodia de «objetivos estratégicos». Si bien todavía no hay una lista de los bienes de interés que serán protegidos por fuerzas militares, la norma apunta a las represas y otras reservas naturales que hasta ahora eran protegidas por la Gendarmería. Los «objetivos estratégicos» serán definidos por el propio Poder Ejecutivo.
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