La ex funcionaria menemista fue encontrada culpable de “peculado y defraudación en perjuicio de la administración pública”.
Con el único voto disidente del juez garantista Raúl Eugenio Zaffaroni, la Corte Suprema de Justicia fue más allá de derribar la elección de consejeros en los comicios legislativos de octubre y le dio un durísimo golpe a una de las leyes claves del gran paquete de normas que integran la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno K. Ante el nuevo revés judicial, el actual ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, indicó sin ponerse colorado que el fallo “no es una derrota” para la gestión de Cristina Kirchner.
El ex presidente pidió al Tribunal Oral Federal que suspenda el inicio del juicio oral en el cual se lo está acusado por supuesto encubrimiento de la llamada “pista siria” en la investigación del cruento atentado a la AMIA, hasta que sean indagados diversos ciudadanos iraníes que están prófugos en base al “memorando” firmado con Argentina.
Resolvería rápido el pedido del Gobierno contra el fallo que declaró inconstitucional la elección de consejeros.
Igual, el ex presidente no será detenido ya que actualmente cuenta con fueros por ser senador. Además, va a apelar la condena ante la propia Corte Suprema de Justicia. Se lo consideró responsable del contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante su paso por la Casa Rosada. El riojano, que no pudo estar presente al momento de la lectura de la sentencia, es el primer jefe de Estado de la democracia que recibe una pena a prisión. El juicio duró 18 años. Pidieron su desafuero al Congreso Nacional.
El ex presidente va a recibir este jueves la pena a cumplir, tras ser condenado por el presunto tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su paso por Casa Rosada. Si fuese condenado a una pena de cumplimiento efectivo, el Tribunal debería pedir el desafuero del actual senador riojano al Congreso, por lo que de inmediato no corre ningún riesgo de ir a prisión.
La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley aprobada por la mayoría kirchnerista en el Congreso por la que se llamaba a votación popular a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Por ello, suspendió las elecciones de consejeros, previstas para las próximas elecciones primarias, el 11 de agosto. El resto del calendario electoral se mantiene intacto. Se espera la apelación por parte de la Casa Rosada. Los pormenores del fallo.
El tribunal oral en lo penal económico N°3 podrá elegir entre 4 y 12 años de prisión en la causa por presunto contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Sin embargo, la pena que se dicte no será de cumplimiento efectivo porque el ex presidente tiene fueros como senador y además apelará cualquier condena ante la Corte Suprema.
El fiscal de la causa reiteró sus alegatos en el juicio contra el ex presidente y los otros imputados del delito de tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el paso de Menem por Casa Rosada. Además, pidió su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Rechazaron un pedido de nulidad efectuado por la defensa del riojano.
El ex presidente y hoy senador fue citado este viernes por el Tribunal Oral Penal Económico 3 el cual le dictará la condena por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La fiscalía había pedido 8 años de prisión. Menem actualmente goza de fueros por ser legislador nacional, por lo que no podrá ir preso, salvo que el Congreso lo desafuere si así lo solicita la justicia.
Puntualmente, el Consejo de Abogados y Procuradores, a través de su titular, Gustavo Romero, solicitó que la Justicia Federal local declare inconstitucional la aplicación de la reforma del Consejo de la Magistratura, ente que designa y remueve jueces, la cual supone que los consejeros del órgano sean designados por voto popular. A nivel país, también hubo una gran cantidad de amparos en este sentido. Denuncian que esta norma perturba de modo nítido y grave la independencia del Poder Judicial.
Los nuevos magistrados son Carlos Castellanos y María Cecilia González, y desarrollarán el cargo hasta que se designe a los magistrados permanentes. Además el presidente Pagotto informó sobre una modificación en el reglamento del Consejo de la Magistratura.
Es que ahora pidieron el procesamiento del ex presidente por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Lo hizo la querella luego que el ex presidente fuera condenado por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La explosión ocurrió en 1995 y hubo 7 muertos.
Es que tanto el Consejo como el Colegio de Abogados preparan presentaciones judiciales con el objetivo de solicitar la “inconstitucionalidad” de las normativas que sancionó la mayoría oficialista en el Congreso. Principalmente cuestionan la ley que reformó la actual integración del Consejo de la Magistratura y también la ley que limita la aplicación de medidas cautelares. A juzgar de estas entidades riojanas, la reforma judicial K no respeta la división de poderes establecida en la Constitución Nacional. Pormenores.
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto las sanciones que habían sido impuestas por el gobierno nacional por “violar la Ley de Lealtad Comercial” al informar sus propios índices de precios.
La Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) expresó su beneplácito por el Acuerdo 42 del Tribunal Superior de Justicia, que viene a “satisfacer –parcialmente- un anhelo y reclamo de años y que representa el derecho de todos los empleados de la Función Judicial, Defensoría General y Fiscalía General de concursar todos los cargos de la carrera judicial”. El documento del gremio.
El juez Héctor Daniel Barría, confirmó que el resultado de la necropsia realizada al cadáver de Elida Agüero, confirmó que la mujer murió por una hemorragia. Ahora le harán en Córdoba un estudio al útero y a la placenta de la mujer fallecida, luego de dar a luz a su hijo en el “Hospital de la Madre y el Niño” para determinar si murió o no por mala praxis.
Así lo sostuvo el asesor legal de la comuna capitalina, Emilio Rodríguez, al decir que el máximo órgano judicial del país hizo lugar a un recurso de queja de la gestión Quintela y le pidió al Tribunal Superior local que remita copias de todo lo actuado sobre sus rechazos a las dos presentaciones del municipio para que la justicia inste a la Legislatura a sancionar una ley de distribución automática de recursos en la provincia. La Rioja es el único distrito del país que aún no cuenta con una norma de esas características.
Se trata de Roberto Catalán, quien se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad en la denominada megacausa Menéndez y otros, en la que se juzgan supuestos delitos cometidos durante la última dictadura militar. El ex magistrado riojano tiene además de una avanzada edad, problemas cardíacos. Un par suyo, en Córdoba, recibió detención domiciliaria y luego le revocaron la prisión preventiva en una causa idéntica. La defensa de Catalán apelará la medida.
Desde el Tribunal Superior se habló sobre el proceso de renovación de magistrados en los diversos foros que atraviesa el Poder Judicial local debido a que ocho jueces se acogieron a los beneficios de la jubilación exclusiva de la que gozan (82% móvil). Se propone indagar en los antecedentes, actuaciones y calidades éticas de los postulantes y una participación ciudadana en el proceso de selección.
Por esta razón, este viernes a las 10 marcharán familiares, amigos y organizaciones sociales reclamando su aparición. Tenía 14 años cuando se perdió y su familia sigue sosteniendo que fue víctima de una banda de trata de personas y que la justicia y la policía locales actuaron de modo irregular en el comienzo de la investigación.
Es que la Corte rechazó por “inadmisibles” dos recursos presentados por el ex presidente para que prescribiera la causa en la que se lo acusa por el pago de dinero en negro a funcionarios de su gestión, con lo cual confirmó que este tema debe ser dilucidado en un juicio oral. Junto a Menem están imputados también Domingo Cavallo, Oscar Camilión y Raúl Granillo Ocampo.
El grupo empresario sólo deberá desprenderse de una radio. El Gobierno Nacional apelará a la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que surge del fallo que dictó la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial, que declaró inconstitucionales dos artículos de la ley de medios. El 45, que fija un límite a la multiplicidad de licencias, y el 48, que dispuso que los medios, aun adecuándose a aquella norma, no pueden reclamar que se mantengan las reglas de juego.
Los diputados y el Tribunal Superior de Justicia ya acordaron aceptar el acogimiento de estos magistrados a los beneficios jubilatorios, razón por la que el Consejo de la Magistratura va a comenzar a trabajar en los concursos que determinarán quienes los reemplazarán. Mientras dure este proceso, se designarán jueces provisorios.
Es que las entidades que los nuclean, hablamos del Consejo y el Colegio de Abogados, consideran que el proyecto de reforma K enviado al Congreso por Casa Rosada “busca contralar al Poder Judicial y quitarle independencia”. “Se pretende politizar la Justicia y eso es grave”, “está en juego la República” y “buscan silenciar a todos los jueces independientes, que son pocos, pero existen en la Argentina”, fueron otras de la expresiones realizadas por los representantes de estas entidades.
Maximiliano Rusconi, abogado defensor del ex presidente, aseguró que es una “cuestión de tiempo” que la Justicia Federal “revoque” la condena del ex mandatario en la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Además, sostuvo que el actual senador “no” deberá renunciar a su banca porque “hay fallos y antecedentes en casos similares que dicen que esta condena es inadmisible”.
La Procuraduría General pidió a la Policía Federal que indague sobre la participación del ex presidente carioca en el mayor escándalo de corrupción que se destapó en el país en las últimas décadas.
El ex presidente riojano ya presentó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal del país revea la condena en su contra por ser considerado “coautor” del tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su paso en los ‘90 por ‘Casa Rosada’.
Lo hizo la diputada radical Inés Brizuela y Doria tras reunirse con familiares de la joven desaparecida hace casi 8 años en La Rioja. La legisladora indicó que al parecer ‘Peli’ (foto) estaría en manos de una red de trata, y a dos años de la federalización de la causa, “todavía no hay ningún resultado en la investigación”. Por esta razón, se pidió la intervención del Ejecutivo local para ayudar a una familia que está “desesperada”.
El juez penal, Alejandro Arce, había solicitado una prórroga, de un año, para continuar con la investigación que involucra a Javier Ricardo Ocampo en la presunta autoría del delito de corrupción de menores. Ahora, Arce debe decidir si eleva la causa a juicio o establece el sobreseimiento del imputado.