Aborto. Nación distribuirá Misoprostol en hospitales públicos

febrero 25 19:03 2019

Es la droga que permite la interrupción del embarazo. Desde la Casa Rosada se aclaró que solo podrán ser utilizados en los casos habilitados por la ley. La Rioja será una de las provincias cuyos hospitales recibirán el misoprostol. Detalles.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación abrió una licitación para la compra de 8.000 cajas de Misoprostol, la droga que permite la interrupción del embarazo de manera segura, que serán distribuidas en hospitales y centros de salud de todo el país para ser utilizados en los casos habilitados por la ley.

La licitación es por adjudicación directa al laboratorio Domínguez, que en octubre pasado, después del debate por la legalización del aborto en el Congreso, fue habilitado por la ANMAT para producir y vender a farmacias el Misoprostol 200 gramos, el inductor de parto apropiado para la interrupción de los embarazos. Hasta entonces sólo se encontraba disponible el Oxaprost 50, un medicamento utilizado para tratar úlceras que en dosis más altas tiene efecto abortivo.

Según se desprende del llamado a licitación, el objetivo de la Secretaría de Salud a cargo de Adolfo Rubinstein es comprar 8.000 unidades. Cada unidad incluye los 12 comprimidos que se requieren para practicar un aborto medicamentoso.

De acuerdo a los datos del llamado a licitación, el Estado pagará $14.938.560 por los 8.000 tratamientos para llevar a cabo abortos de manera legal. De sostenerse ese precio – puede bajar durante el procedimiento, puede variar la cantidad que se compra o la licitación puede quedar desierta -, la Secretaría de Salud pagaría $1.867,32 por cada aborto en condiciones seguras.

Se trata de cifras similares a las que había arrojado Rubinstein durante su exposición en el Congreso, cuando defendió la legalización del aborto y consideró que la ley permitiría bajar de manera “dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos”.

El secretario de Salud macrista aseguraba que en ese momento el Estado pagaba $11.500 por cada interrupción de embarazo y que, de prosperar la ley que finalmente fue rechazada por el Senado, a través de licitaciones públicas costaría $1.914.

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