¿Qué implica el último anuncio del Gobierno en relación con el gasto público? Las dudas sobre lo que se viene y hasta dónde llegará el ajuste nacional. Algunos datos para entender el impacto de la medida. ¿Será muy diferente la segunda gestión de Quintela en relación con la primera? Por Mattías Meragelman.
Al tratarse del primer día del receso estatal, el comunicado oficial impactó con mucha fuerza por la ausencia de información en la agenda mediática, pero lo que más relevancia tuvo fue el propio contenido de lo informado el lunes pasado por el Gobierno provincial.
La administración que encabeza Ricardo Quintela precisó restricciones en el desarrollo de la obra pública, limitaciones a la incorporación de personal al Estado y en la compra de bienes. El texto fue muy elocuente y al mismo tiempo preocupante en su título: “El Gobierno Provincial dispone medidas de ordenamiento de inversión para garantizar salarios, obra pública y servicios esenciales”.
Se puede presentar de muchas maneras la noticia, avanzar en variantes semióticas, políticas e interpretaciones, buscar ser políticamente correcto o no, pero no hay dudas que lo informado oficialmente es un ajuste del gasto público.
Cuando se repasan los indicadores económicos en relación con la llegada de los fondos nacionales a la Provincia en los últimos meses, hay dos que son contundentes en su impacto.
El primero es que los pagos de los certificados nacionales de obras públicas están con demoras de entre tres y cuatro meses, con el agravante de que algunas empresas constructoras le pidieron al Gobierno provincial una ayuda financiera para poder hacer frente al medio aguinaldo de julio. El ritmo de la obra pública ya no es de los años anteriores, aunque por el momento ninguna obra de construcción de viviendas está paralizada.
El otro punto a tener en cuenta es que en cuatro de los primeros seis meses del año el envío de los fondos coparticipables tuvo aumentos inferiores al porcentaje de la inflación. Es decir (aunque suene extraño) el Gobierno riojano también está perdiendo poder adquisitivo por el aumento de los precios.
Yendo al frío contenido de las letras, el decreto 1206/23 establece “la suspensión de la incorporación de nuevo personal en la administración pública bajo cualquier figura jurídica”. Sin embargo, el propio Gobierno aclaró que “esta medida no obsta a las incorporaciones en planta que forman parte del plan de desprecarización laboral que se viene llevando adelante de manera paulatina para todas las reparticiones públicas ni tampoco alcanza a la incorporación de docentes, personal de salud y de las fuerzas de seguridad que sean necesarias para garantizar la prestación estos servicios pero ateniéndose a los protocolos de designación”.
En este sentido, la cifra más cauta determina que hoy casi el 25% del personal del Estado son trabajadores precarizados, con algún tipo de vínculo laboral pero sin aportes patronales, ni obra social ni ART. Se estima que son 17 mil trabajadores.
¿No habrá más pases a planta? ¿No sumarán nuevos trabajadores precarizados en los próximos meses? ¿Cómo hará Quintela para cumplir su promesa de dejar la gestión en diciembre del 2027 sin precarizados en el Estado?
En este contexto y más allá de todos los datos repasados, es cierto que no es la primera vez que la gestión provincial anuncia una medida de este tipo. En el primer trimestre del año se informó una decisión similar, que en los hechos no se sintió en las acciones de Gobierno que se visibilizaron. ¿Esta vez será diferente?
Ricardo Quintela comenzará el próximo 10 de diciembre su segundo mandato en el principal sillón de la Casa de las Tejas, pero todo indica que deberá ejercer otro tipo de liderazgo y de estilo de gestión al de los primeros cuatro años.
En el Gobierno están convencidos de que cada intervención económica del Estado riojano no es un gasto, es una inversión. La lógica es: si la economía riojana depende del Estado, es el Estado quien debe poner en movimiento el circuito económico, el Estado no gasta, invierte.
¿Podrán mantener esa forma de pensar en su segunda administración?
Es que más allá de quien se imponga en los comicios presidenciales, un repaso por el discurso de los equipos económicos de los dirigentes con chances reales de imponerse en las elecciones, expone una coincidencia: habrá que renegociar varias veces más la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
La economía nacional tiene muchos vaivenes y algunas pocas coincidencias a lo largo del tiempo. Una de las pocas certezas que enseña la historia económica argentina es que cada vez que la palabra Fondo Monetario Internacional aparece en la misma oración que el término renegociar, siempre fue sinónimo de ajuste del gasto público.
En una Provincia en donde la actividad económica tiene una dependencia casi excluyente del Estado y en donde más del 90% de los recursos llegan desde la Nación, no son buenas noticias.
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