La administradora de la obra social estatal Claudia Ortiz había sido categórica respecto que de APOS no iba a permitir el cobro de extras por cobertura que están cubiertas para afiliados. El cobro irregular fue de $5.000.

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Mediante resolución  Nº 2185 y haciendo uso de las facultades que la ley 7212 prevé, la Administración Provincial de Obra Social (APOS) resolvió la expulsión de la nómina a una efectora,  además del descuento del 0,5% de la facturación final al prestador correspondiente, por negar la cobertura y cobrar la consulta de manera particular.

«Tras una denuncia presentada ante la obra social provincial contra una de nuestras efectoras por negar la cobertura y cobrar la consulta de manera particular a pesar de los convenios vigentes, se activaron los mecanismos de defensa de afiliados y afiliadas previstos para esclarecer el hecho y, en caso de comprobarse, aplicar la sanción correspondiente», había señalado APOS.

En ese sentido, la obra social sostiene se notificó a la profesional para que realice el descargo correspondiente, en el que no se desvirtuó el contenido de la denuncia, existiendo una clara violación a los convenios y normas de facturación vigentes.

De esta manera, haciendo uso de las facultades previstas en la ley provincial 7212 que faculta a la administración a aplicar las sanciones previstas para esta falta, se resolvió la expulsión definitiva de la efectora de la nómina de prestadores de APOS.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la entidad prestadora que nuclea a los efectores es quien debe fiscalizar el cumplimiento de las normas previstas en los acuerdos firmados entre las partes, se resolvió además aplicar el descuento del 0,5% de la facturación final a dicha entidad.

Asimismo, se informa que se encuentran en la etapa de investigación numerosas denuncias por cobro indebido de plus y otras faltas similares, como la negación de atención a nuestros/as afiliados y afiliadas siendo los profesionales efectores de la misma.

Estas denuncias seguirán el mismo curso legal, y, de comprobarse la veracidad de las mismas, se aplicarán las sanciones correspondientes.

EL CASO:

La administradora de APOS, Claudia Ortiz, había señalado que «una afiliada hizo una denuncia, se inició el protocolo que tenemos para estos casos, hubo un descargo de la odontóloga que se excusó diciendo que como los consultorios no estaban habilitados por la obra social tuvo que atender».

Esto fue rechazado de plano por la funcionaria, que comentó que el cobro irregular que se le hizo a la afiliada fue de $5.000.

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