Es porque la propia jueza Adriana Loureiro, que debía definir si se suspendía o no al aún intendente por pedido de un fiscal, se declaró incompetente. De esta manera, Daniel Elías tendría garantizada su continuidad en el cargo, ya que ostenta una mayoría plena en el Concejo Deliberante.
En el marco de la causa por la que se investiga al intendente Daniel Elías por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsificación de instrumentos públicos agravados e incumplimiento a los deberes de funcionario público, los fiscales intervinientes de Chilecito, Diego Torres Pagnussat, y de Chamical, Diego Torres, solicitaron la suspensión provisoria por 90 días del titular del Ejecutivo municipal.
Designado defensor de Elías, el abogado Nicolás Díaz cuestionó esa medida cautelar al considerar que el intendente denunciado ni siquiera había prestado declaración indagatoria en la causa impulsada desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Además, advirtió que ningún juez está facultado para suspender a un Intendente, lo que constituiría “una intromisión gravísima” de un poder sobre otro. En este caso, la atribución corresponde al Concejo Deliberante de Chamical, sostuvo el letrado.
La jueza de instrucción Adriana Loureiro, quien lleva adelante la causa, se declaró incompetente para resolver sobre la suspensión solicitada en base a las normativas que impone la Constitución Provincial y la ley Orgánica Municipal Transitoria.
Pero al mismo tiempo que pone en conocimiento de los ediles las actuaciones que se llevan adelante e indica el traslado de la petición realizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, la magistrada solicitó el tratamiento y “pronto despacho” por parte del cuerpo deliberativo.
Al respecto, Loureiro entiende que de la situación surgirían “graves indicios y la posibilidad cierta de que el mismo (Elías), pueda eludir fácilmente la investigación penal al disponer de todos los recursos, y la estructura municipal a su disposición”. En este sentido, señaló que el requerimiento de suspensión surge “como medida alternativa a la prisión preventiva”.
En tanto, los concejales oficialistas adelantaron este jueves que no se llamará a sesión especial para el tratamiento de la solicitud emitida por la jueza, teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante se encuentra en receso.
De este modo, recién se daría ingreso a la notificación efectuada una vez que se reinicie el periodo legislativo ordinario, en agosto.
Fuente: El Independiente
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