El presidente de la Cámara Baja del Congreso, Martín Menem, acordó con bloques opositores como PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, modificaciones al texto original en aspectos como retenciones y jubilados, y podría aprobarse.

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La administración de Javier Milei tiene decidido intentar tener la próxima semana la media sanción en Diputados de la Nación de la Ley Ómnibus que envió al Congreso. Es por ello que este jueves el presidente del cuerpo, el riojano Martín Menem, se reunió con funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, y referentes de diversos bloques opositores denominados «dialoguistas».

En ese contexto, con el ok de Milei, se negociaron modificaciones a distintos aspectos que incluía el proyecto de Ley original de la también llamada ‘Ley de Bases’, puntualmente cinco puntos del proyecto con los que a priori no estaba en los planes de los «dialoguistas» avalar con sus votos.

Entre los puntos que generaban más diferencias, los libertarios habrían propuesto eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria para reemplazarla por una actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, se actualizarán los haberes por el IPC de enero, y así sucesivamente.

En cuanto a las retenciones, quedarían en 0 las que afectan a las economías regionales (el vino, entre ellas, actividad con fuerte impacto en La Rioja) y dejaron abierta la negociación sobre el gravamen a las exportaciones industriales.

El capítulo que incluye la reforma electoral, que por ejemplo propone adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales, quedaría fuera de la ley. Sin embargo, todavía no se definió qué pasará con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que aún podrían ser eliminadas como pretenden los libertarios.

Por otro lado, el Gobierno aceptaría acortar el listado de emergencias y reducir al plazo de un año las facultades delegadas que pedía el Poder Ejecutivo para poder saltearse al Congreso.

Respecto a las privatizaciones, los libertarios pidieron mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría enajenar. Solo sacarían, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular.

En tanto, el capítulo relacionado con la explotación de hidrocarburos también sufriría cambios “drásticos” a raíz de los planteos de los gobernadores de provincias petroleras.

Finalmente, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus sería eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

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