El Gobierno impulsó a través de una ley un aporte extraordinario para financiar el programa «Copa de Leche». El malestar de empresarios, postura de “Casa de las Tejas” y encuentro para “bajar el tono”. ¿Quiénes pagan? ¿Cuánto se espera recaudar?

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La falta de envío de recursos por parte del Estado nacional para los programas alimentarios está golpeando fuertemente la asistencia social en diferentes lugares de la Provincia y en medio de la profunda recesión económica que se está viviendo, ese proceso está calando muy hondo en el entramado social.

Dicho de una manera más directa: la crisis económica está provocando una mayor demanda de la población en los comedores, al mismo tiempo que el Gobierno nacional dejó de enviar dinero para esos programas sociales.   

En ese contexto, el oficialismo provincial impulsó la sanción de una ley que denominó “Fondo solidario para la gestión alimentaria” y que determina que toda empresa que facture más de 200 millones de pesos mensuales en concepto del impuesto de “Ingresos Brutos” deberá abonar un 25% extra que se destinará a financiar ese programa social.

Puesto en números concretos: si un emprendimiento abona un millón de pesos en concepto de Ingresos Brutos, ahora deberá sumar 250 mil pesos más que irán al fisco provincial para poner en marcha ese fondo. 

Desde el Gobierno estiman que “tomando la foto de marzo deberían ser unos 400 millones de pesos los que se recaudarían mensualmente, que es lo que se necesita para financiar el programa de Copa de Leche y la medida involucra más o menos unas 130 empresas”.

En ese mismo sentido, el titular de Rentas de la Provincia, Luis Aguilar, informó en “Riojavirtual Radio” que “el 90% de las empresas involucradas serían multinacionales y no empresas locales”.

Desde la oposición ponen en duda esos números del Gobierno. El presidente del bloque de diputados del radicalismo -Gustavo Galván- dijo en el mismo medio de comunicación que serían entre 30 y 50 las empresas riojanas que mes a mes deberían pagar ese gravamen porque su facturación los pondría por encima del tope que marcó el proyecto del peronismo.

“Se habla de que es temporal hasta el mes de diciembre, pero la preocupación es que se prorrogue en el tiempo como pasa con todas las leyes de emergencia económica desde hace seis años», agregó el legislador boina blanca.

La medida provocó una fuerte expresión pública por parte de las entidades empresariales. Tanto la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) como el Centro Comercial de la ciudad Capital se manifestaron en muy duros términos en las entrevistas que brindaron. Inclusive, fuera de micrófono varios empresarios daban como un hecho la presentación de acciones judiciales en contra de la norma sancionada, puntualizando en una doble imposición de “Ingresos brutos” y de otros impuestos nacionales.

Sin embargo, luego de la fuerte repercusión mediática desde el Gobierno los convocaron.

“Fue muy buena la reunión que tuvimos con los diputados, la Vicegobernadora y algunos funcionarios del Ejecutivo. Les explicamos que no es un buen momento para aumentar impuestos. Nos explicaron que son muy pocas las empresas riojanas afectadas y hasta sostuvieron que estaban dispuestos a conversar esos casos y quedamos en que se evaluarán esas situaciones puntuales de los afectados”, indicaron desde el sector empresario luego de la reunión.

En el Ejecutivo no dicen lo mismo. Las principales figuras del Gobierno provincial están convencidas en la legitimidad del “Aporte extra” y no están dispuestos a dar marcha atrás en ningún punto de lo ya sancionado. Más allá de que coinciden con los empresarios en la importancia de haber bajado el tono en la disputa mediática por este tema.

El proyecto del oficialismo se puede cuestionar centralmente desde dos aspectos: la forma y el momento.

La ley se aprobó sin consultar al sector empresario. Está claro que los legisladores no tienen la obligación de preguntar antes de sancionar una norma, pero la semana posterior a la sanción de la ley se reunieron con el Centro Comercial y la Unión de Industriales Riojanos (UNIR). Ese encuentro pone en evidencia que el diálogo previo era posible y se eligió no concretarlo.

También es cierto que ningún empresario riojano se queja o pide una reunión cuando le aplican subsidios o beneficios impositivos, como ocurrió sin ir tan lejos en el tiempo con el congelamiento de la boleta de energía del mes de febrero. 

El otro punto a debatir es el momento elegido.

Frente a una recesión económica que en números solamente se puede comparar con los primeros meses de la pandemia o la crisis de año 2001, aplicar un gravamen extra termina generando una mayor caída de los márgenes de ganancia de las empresas radicadas en La Rioja y golpeando de manera directa a este sector.

Los propios números de la recaudación provincial lo demuestran. En marzo aumentó un 170%, pero la inflación en el mismo periodo de tiempo fue del 277%. Es decir que la recaudación se desplomó un 107% en términos reales al descontar el aumento de precios. La actividad económica está en recesión y los datos del fisco provincial así lo expresan.

También es real que en la historia argentina “nunca es momento” para aplicar medidas que impliquen quitarles ganancias a las grandes empresas. Siempre existe un argumento –más verídico o no dependiendo del momento- para justificar la negativa a aportar más.

Ninguna “persona de bien” puede estar en contra de que haya un mate cocido o un vaso de leche en la mesa de un riojano. Sin embargo, como siempre ocurre en la economía el problema es quién lo financia. Y aquí surge el otro elemento que está detrás de cualquier debate de este tipo: la legitimidad y la crisis de representación.

El Gobierno nacional realizó un feroz recorte en las partidas presupuestaria de los comedores. Ver lo que pasa en otras provincias con este tema marca que no es solamente un problema riojano. En ese contexto, el Gobierno provincial implementó una norma tributaria para financiar la continuidad de la asistencia.

La medida es claramente progresiva en lo impositivo, porque plantea cobrar a los que más recursos tienen un impuesto para financiar una política pública hacia los que menos dinero poseen.

El problema no está ahí, sino que se presenta en que una amplia parte de la sociedad no le cree al Gobierno.

La crisis de representación y de credibilidad de la clase dirigente genera que una parte de la población no confía en la administración de los recursos públicos y considera que existen otros “nichos económicos” para financiar esta medida, pero que no se avanza en ese sentido para no perder privilegios.

Ese párrafo que acabo de escribir quizás sea una de las claves para entender como en medio de una tremenda recesión y el brutal ajuste que está llevando adelante el actual Gobierno nacional, el presidente de la Nación Javier Milei sigue teniendo en la Argentina y en la provincia de La Rioja altos niveles de adhesión hablando de “la casta”. No fue casual que el propio Ricardo Quintela anunciara que los funcionarios provinciales también pagarán este aporte.

Cambian las tecnologías, los vínculos sociales y hasta aparecen raros peinados nuevos, pero en la economía hay un axioma que todavía sigue vigente desde hace siglos: los recursos son limitados, las necesidades son infinitas.

Falta leche en los comedores escolares riojanos y alguien tiene que pagar ese vital alimento. El problema económico es quién pone esa plata y el problema político es a quién responsabiliza la sociedad por la falta de comida.

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