La Corte Suprema declaró por mayoría la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones. De esta manera, falló a favor de la demandante, María Isabel García, y sienta un precedente para los 2000 expedientes que circulan en tribunales por este motivo.
En lo que se lee como otra señal de malestar por parte del máximo tribunal, que ya le ordenó al Ejecutivo pagarle a San Luis $15.000 millones por fondos de coparticipación retenidos indebidamente; los magistrados Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti votaron a favor mientras que el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en contra.
Se trata de una decisión que tiene un impacto acotado sobre las arcas fiscales ya que de acuerdo a la oficina de Presupuesto del Congreso, la cifra en danza llega a unos $1.600 millones. El pago de las sentencias se demorará en el tiempo, como siempre ocurre en los casos que encabeza el sector pasivo.
Se estima que unos 300.000 jubilados están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, un tributo que rige a partir de los $62.000, equivalentes a unos seis haberes mínimos.
En enero pasado, el Ejecutivo estableció para el cálculo de Ganancias la suma del ingreso por la jubilación al de la pensión, lo que elevó el número de jubilados afectados por el gravamen y llevó a situaciones insólitas como que un recibo con la mínima incluya descuentos.
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