El reelecto intendente de la ‘Perla del Oeste’ aseguró que hay unos 10 mil chileciteños que están desocupados o subocupados, y “para que este pueblo salga de la situación en la que está sumido por las muy escasas fuentes de trabajo, tenemos que explotar todos nuestros recursos”. Igual, dijo que controlará fuerte que la actividad minera no genere contaminación alguna en Chilecito.
En este sentido se manifestó el cura párroco del lugar, Jorge Vega, al manifestar estar de acuerdo con que los sectores que rechazan la minería protesten, pero rechazó los escraches contra pro mineros. “Esa persona no es mi enemigo, es mi hermano, hay que respetar, cualquiera sea su manera de pensar, que no necesariamente deba coincidir con la mía”.
Dice que la misma forjará en todos los departamentos donde se realice mucha oferta laboral y además no generará ningún tipo de contaminación ambiental. Lo apuntó durante una nueva reunión de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), que integra La Rioja junto a otras nueve provincias. Por otro lado, el gobernador dice que se obligará a las firmas mineras a realizar el famoso ‘compre riojano’, que tiene como fin el fomentar también el desarrollo de la totalidad de la economía de la provincia.
Lo hicieron legisladores radicales nacionales, incluidos los riojanos Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria. Es porque el intendente Bordagaray denuncia que la provincia no le transfiere recursos desde diciembre, cuando estalló la pelea por el proyecto minero oficial al que se opone la comuna.
Lo dejó en claro el Ejecutivo al presentar un proyecto de ley que busca prioriza al comercio local de cara a las futuras explotaciones. “La generación de este tipo de leyes es para defender el trabajo de los riojanos”, señalan desde la ‘Casa de las Tejas’ al considerar también que “la pobreza de La Rioja está rodeada por una verdadera fortuna (de minerales) que nos sacará de esta situación, si se logra desarrollar una actividad minera, que controlada no tiene porqué generar ningún tipo de contaminación”.
Ahora fue el diputado nacional Javier Tineo quien le pidió a los diferentes sectores autodenominados ambientalistas “intentar establecer un diálogo franco con el oficialismo” y buscar acercar posiciones respecto del desarrollo minero en la provincia. Igual, solicitó hacerlo “en un marco de paz pleno, dejando de lado la violencia”, en referencia a los escraches contra pro mineros.
Esta insólita situación fue dada a conocer por la propia dirigente de Asambleas Ciudadanas, Marcela Crabbe, quien admitió que en el corte de Alto Carrizal en Famatina se consumían sustancias prohibidas. En ese marco, admitió que se temía quedar expuestos a operativos de Gendarmería y que alguno de los ambientalistas quede detenido y así la prensa desvirtúe el origen del reclamo.
Roberto Rodríguez indicó que su función no es estar a favor de los pro ni de los anti mineros, sino que lo que debe hacer “es llamar a todas las partes al dialogo” para intentar acercar posiciones. En ese marco, reiteró sentirse preocupado por algunos actos de violencia ocurridos en Chilecito y Famatina, razón por la que manifestó que lo único urgente en este momento es que en esos departamentos “vuelva la paz social”. “Lo principal es evitar la división del pueblo”, sentenció el prelado al explicar su posición.
Lo hizo el ministro de Gobierno y Seguridad, Felipe Álvarez, al repudiar los escraches cometidos por sectores antimineros de Famatina en contra de diversos pobladores y dirigentes políticos que si avalan el desarrollo de dicha actividad. Puntualmente reclamó que “la justicia competente cumpla su rol” y advirtió que la seguridad pública “no es solo competencia de la fuerza policial”.
Es a raíz de las agresiones que sufrieron pobladores y funcionarios que avalan el desembarco de la actividad minera en Famatina, quienes tuvieron que soportar insultos, pedradas, petardos, tomatazos y pintadas en sus domicilios, mientras se desarrollaba una marcha de sectores que rechazan de plano la minería a cielo abierto. En ese marco, el gobernador le pidió a la Justicia “que actúe ya contra quienes hayan infringido la ley” y luego advirtió que “en La Rioja no vamos a permitir violencia de ninguna índole”.
Este verificará que las empresas mineras no contaminen al ejecutar exploraciones o explotaciones en suelo riojano. Quien hizo el ofrecimiento fue la legisladora nacional Griselda Herrera, quien señaló que “como pobladora lamento mucho que lleguemos a instancias de profundas divisiones sociales, cuando existe el diálogo para llegar a un acuerdo”. Por eso, solicitó a las asambleas ciudadanas que se sumen al gobierno a la hora de defender el medio ambiente, trabajando activamente en un órgano de contralor.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Famatina decidió levantar el acampe que mantenían en la zona del corte, debido al inicio de la temporada invernal. Ahora habrá una guardia con vecinos del departamento en la garita al costado de la ruta para controlar que no entren camiones o vehículos de empresas mineras a Famatina.
El abogado de los pobladores de Famatina, Tomás Yoma, volvió a cuestionar el fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad del proceso de revocatoria popular y adelantó que el mismo será apelado.
Esto lo señaló el secretario de Minería de la provincia, Oscar Lhez, en obvia referencia a las regalías económicas que dejaría el desarrollo de la actividad a las arcas riojanas. En ese marco, consideró que “nuestro territorio está compuesto por más de un 60% de montañas y la tecnología actual garantiza estándares de calidad de una actividad rentable, con máximo respeto por el ambiente”. Por eso, a su entender no se puede perder la chance de explotar el suelo y “derramar sus beneficios a la sociedad”.
Así lo señalan desde la Asamblea Ciudadana de ese departamento. “Siete años donde junto a nuestro pueblo vivimos alegrías, traiciones, dolores, penas y falta de paz, entre otros sentimientos. Siete años en los que crecimos como sociedad. Ya echamos tres empresas mineras. El Famatina no se toca”, sentencia el comunicado oficial.
Con esta frase, Beder Herrera ratificó el aval a su proyecto pro minero oficial, al presidir un masivo acto de la dirigencia del PJ. Igual, admitió que no será su gestión la que disfrutará los beneficios de la actividad, pero dijo que al menos marcará un camino para su inicio. En el plano político, el gobernador ponderó el ‘modelo nacional y popular’ y llamó “a todos a defenderlo con uñas y dientes”, al comparar a la administración K con la de Juan Domingo Perón. El gran ausente fue el intendente Ricardo Quintela.
Por ello, el gobierno provincial ya exige un Seguro Ambiental Obligatorio para todas aquellas empresas que realicen actividades que puedan ser riesgosas para el medio ambiente. Estas deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con una entidad que tenga un respaldo económico suficiente que pueda garantizar el financiamiento para la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera llegar a producir. Este seguro obligatorio alcanza a todo lo que atañe a la minería.
Lo hizo el Tribunal Electoral Provincial, quien consideró “inconstitucional” el pedir la revocatoria del cargo de un funcionario electo por el pueblo, en este caso de la diputada por Famatina, como impulsaban las Asambleas Ciudadanas. El único miembro del tribunal que votó a favor de iniciar el proceso en contra de la legisladora fue el juez del Tribunal Superior, Nelson Luna Corzo, pero no alcanzó ya que se impuso la mayoría compuesta los vocales Víctor Ascoeta y Azucena del Carmen Sánchez. El fallo.
Así lo manifestó el propio obispo Roberto Rodríguez, al advertir que se entrevistó con sus pares de regiones chilenas donde se desarrolla la actividad y sacó como conclusión que “la minería a cielo abierto es posible, siempre que haya estrictos controles para que no se produzca la contaminación ambiental”. Lo que si no deja de preocuparle, según dijo, es el “enfrentamiento social” que hay entre quienes avalan y rechazan la política pro minera oficial, y llamó a todos estos sectores “al dialogo”.
Se trata de Antonio Gustavo Gómez y lo traen pobladores y agrupaciones anti mineras de Famatina. Disertará en Chilecito y la Capital. Actualmente instruye causas penales vinculadas con La Alumbrera, en Catamarca, y otras minas.
Los trabajos estarían a cargo de la empresa china Shandong Gold, según manifestó la diputada nacional de la UCR, Inés Brizuela y Doria. Por otra parte, dijo que los vecinos del distrito “no cuentan con información fehaciente de nada, porque nadie les contesta sobre los trabajos que se están realizando”, y advirtió que por ello podrían cortar caminos como ocurre en Famatina.
“Se puede ver una presión terrible de los diputados del PJ sobre la Justicia, para que no se logre avanzar con el pedido de revocatoria del cargo” en contra de la legisladora de Famatina, apuntó el abogado defensor de las Asambleas Ciudadanas. “Olima sabe que si se vota de nuevo pierde”, dijo el letrado al cuestionar su apoyo a la minería.
Lo ratificaron al señalar que “el desarrollo de la actividad está en la agenda a nivel nacional y regional, y por ende La Rioja no puede estar excluida de ese contexto clave”. Pese a ello, consideran que es necesario que el gobierno siga apuntalando el debate y escuchando todas las voces, y por otra parte exigen que desde el Estado riojano se garantice que todas las exploraciones y explotaciones mineras en la provincia se hagan bajo contaminación cero.
Lo dijo durante un reportaje a medios nacionales, donde el gobernador fue consultado sobre la situación de rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad riojana con el tema minero. En ese marco, sostuvo que “ahora estamos en una etapa de diálogo, que hemos abierto y propuesto desde el gobierno”, pero dejó en claro que el proyecto de desarrollar la minería en La Rioja sigue intacto, ya que estima “que la minería es el destino de todas estas provincias cordilleranas como lo es la nuestra”.
El intendente de Chilecito considera que los ambientalistas tienen “una postura extrema” y señaló que “quienes le dicen no a la minería, son irracionales”. A su vez, expresó que su administración está abierta al dialogo, pero que por ahora esta posición no encuentra eco entre quienes rechazan la actividad debido a que “ponen condiciones para todo y de esa forma minimizan la posibilidad de debatir cada uno de sus argumentos”. De esta forma, Fonzalida ratificó su aval a la política pro minera de la provincia.
Se dio en Capital y hubo un representante del gobierno, que defendió la postura pro minera oficial, y otro de Asambleas Ciudadanas, que rechazó la exploración y explotación del Famatina y el desarrollo de ese tipo de actividad, bajo esos parámetros, en la provincia. Sin embargo, a pesar del clima tenso que se vivió por momentos, debido a la intensidad de las posiciones y a las convicciones con que se defendieron los argumentos, el proceso transcurrió con normalidad y pudo darse el debate que tanto exige la sociedad.
Esto lo dijo el viceintendente Armando Molina, metiendo el dedo en la llaga en el medio del conflicto que afecta al gobierno provincial, ya que un sector de la población de los departamentos del Oeste rechaza el proyecto de desarrollo minero en el Cordón de Famatina que impulsa el oficialismo. Ahora, para el referente quintelista, el desafío de la administración Beder Herrera es obtener esa licencia social y que no se sigan incrementando críticas al desarrollo de esta actividad en el territorio riojano.
“La represión no es la salida a estos escenarios”, apuntó el presidente del máximo órgano judicial del país, Ricardo Lorenzatti, quien le pidió a los gobiernos provinciales y a su par nacional “más transparencia en la información y un mayor control social” sobre la actividad minera. Por ahora, en La Rioja se ha respetado a rajatabla esta postura y no se avanzó sobre el piquete que llevan a cabo anti mineros en Alto Carrizal, que impide la ejecución del proyecto de exploración en el Cordón de Famatina.
Lo hizo a través de una solicitada la Cámara Minera Riojana (CAMIR), la cual indica que los diputados y senadores de la UCR que hoy visitarán el distrito, en coincidencia con su 420 aniversario, sólo lo hacen para entrevistarse con sectores que rechazan la actividad. Por esta razón, exigen a estos que reciban “a quienes de verdad saben de minería, porque se han formado en universidades con sólidos conocimientos científicos y técnicos”, en un claro ninguneo a los integrantes de Asambleas Ciudadanas.
En ese marco, estos advirtieron que no se oponen al desarrollo económico regional, pero “sí nos oponemos a la mega minería metalífera a cielo abierto, porque entendemos que no se preserva el medio ambiente y el agua”. La invitación fue cursada por parte de los ediles mazista, Daniel Marcos, y su par lunista, José Pistek.