Es la cantidad de estatales precarizados. El Gobierno realizó miles pases a planta, pero el tema no se solucionó y una promesa realizada no se cumplió. ¿Cuánto representan del total de la APP? ¿Por qué la política libertaria no ayuda? En este tema el aspecto legal y el político van por caminos paralelos.

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Hace unas semanas el ministro de Hacienda de la Provincia -Jorge Quintero- confirmó en «Riojavirtual Radio» que el Estado provincial cuenta con un total de 22.000 trabajadores en condición de precarizados. Es decir, empleados que cumplen tareas en el Estado pero no tienen aportes patronales, ni obra social ni ART.

Por otra parte, fuentes oficiales consultadas para este comentario detallaron que los trabajadores de planta permanente del Estado riojano suman aproximadamente 60.000. De esa manera, cerca del 27% de los vinculados laboralmente con la Administración pública tienen sus derechos laborales limitados.

En este caso lo legal y lo político van por dos rutas paralelas.

Existen varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinaron la no existencia de un vínculo de compromiso laboral entre el Estado y un trabajador precarizado.

Esa jurisprudencia –que se conoció durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri- sostiene que legalmente una persona contratada por el Estado termina su relación laboral cada vez que el contrato finaliza y que su renovación no implica un derecho laboral adquirido para poder ingresar a la planta de trabajadores con estabilidad laboral y vacaciones pagas. Es decir, años de precarizado no le generan legalmente al Estado la obligación de pasarlos a planta permanente.

“Solamente tiene estabilidad laboral un trabajador designado con un acto administrativo en tal sentido y presupuestado, las otras son modalidades contractuales o no contractuales que no le confieren estabilidad al empleado. La permanencia en el tiempo no da condición de permanente, más allá de lo injusto que es la figura de precariedad laboral. Y en el caso de los que no tienen ni un contrato, sino un programa o un beneficio, esos empleados tienen menos derechos porque ni siquiera son trabajadores autónomos con registro”, graficó esta semana un letrado consultado por este tema.

Lo político es otra cosa.

El Estado es quien tiene el rol de controlar en el sector privado la existencia del empleo no registrado. ¿Con qué legitimidad le puede exigir a un empresario o comerciante que cumpla con la normativa si no lo hace el Gobierno?

Y el otro tema a considerar es la responsabilidad ante miles de riojanos que el mismo Estado mantiene bajo condiciones laborales de menor calidad que sus compañeros de oficina con los cuales cumplen tareas a la par. Ni siquiera los aumentos salariales o las vacaciones que se les otorgan son con la misma modalidad que la de sus compañeros con plenos derechos.     

El Gobierno de Ricardo Quintela tiene luces y sombras sobre este aspecto.

Es cierto que se trata de la gestión que más empleados pasó a planta permanente en los últimos años, con casos como Salud en donde llegó a superar los 2.000 trabajadores incorporados. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en total 10.000 empleados pasaron a planta permanente durante los primeros cuatro años de Gobierno quintelista. Y eso implicó un reconocimiento de derechos laborales y una mejora en su calidad de vida.

Sin embargo, el propio Ricardo Quintela dijo al asumir en diciembre de 2019 que dejaría el cargo con todos los trabajadores vinculados regularizados en su situación laboral. En aquel momento el mandatario reconoció la existencia de 25.000 trabajadores en esa situación y hoy -cinco años después y a pesar de las designaciones ya mencionadas- son 22.000. La promesa no se cumplió.

El otro gran punto pendiente de la actual administración es no haber generado un mecanismo claro y público sobre cómo concretar los pases a planta. La ansiada carpeta/decreto de designación no dependió masivamente en todos estos años de un concurso o de un criterio inequívoco, sino que en muchos casos continúa (al igual que en todos los gobiernos anteriores) dependiendo del vínculo personal, familiar o político que el precarizado tenga con la persona encargada de las designaciones en su área.

El oficialismo es el principal pero no el único responsable de este problema.

En ese sentido, cabe recordar que el paso del radicalismo por la gestión del municipio de la Capital dejó el inconveniente de las designaciones masivas de precarizados sin que estuvieran los recursos para pagarles. Cientos de trabajadores municipales tuvieron en sus manos un decreto que en muchos casos nunca dejó de ser en la realidad solamente un papel porque no estaba el presupuesto para pagarles el nuevo sueldo.

Ese problema se extiende a numerosos municipios del interior. En la “Casa de las Tejas” reconocen que hay muchas ayudas sociales o subsidios que se pagan mensualmente y que tienen en varias comunas una contraprestación laboral. ¿Es una ayuda social para una emergencia económica o un sueldo de un trabajador estatal?

Para ser más claros: ¿Cuándo estamos hablando de un vínculo laboral entre el trabajador y el Estado y cuándo solamente un subsidio para evitar caer aún más en la pobreza?

La llegada de las ideas libertarias a Balcarce 50 no trajeron soluciones.

En el primer año de gestión del presidente Javier Milei el empleo privado registrado cayó en La Rioja un 12%, lo cual implica cerca de 4.000 trabajadores del sector privado que fueron despedidos o dejaron de hacerles los aportes patronales. Mientras que la desocupación en la ciudad Capital se incrementó en un 2%.

El sector privado se achicó en estos meses de Libertad y entonces la expectativa de que los asalariados dejen el Estado para ir a trabajar en empresas o comercios se redujo sensiblemente. Eso sin mencionar los despidos en el ámbito estatal nacional.

El 10 de diciembre del 2027 asumirá un nuevo Gobernador o Gobernadora en la Provincia. Tres años antes es imposible saber quién será, de qué partido político y mucho menos en qué contexto encontrará el país, la Nación o el planeta.

Sin embargo, está claro que una de las preguntas que deberá hacerse el próximo inquilino del sillón de Ortiz de Ocampo será cómo darles calidad laboral a 22.000 personas que trabajan en el Estado pero que son discriminados laboralmente porque no cuentan con los mismos derechos que sus compañeros.

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