Lo determinó el INAES. Fernando Gómez, integrante de la Mesa de Cooperativas de La Rioja, advirtió sobre las dificultades para regularizar la documentación en medio de la crisis económica y reclamó la aplicación de la ley provincial de fomento cooperativo.

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La situación de las cooperativas y mutuales atraviesa un momento crítico en La Rioja. Un total de 92 entidades de la provincia quedaron alcanzadas por la suspensión de sus matrículas dispuesta por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), una medida que, según advirtió el sector, compromete su funcionamiento y profundiza las dificultades económicas que atraviesan.

Fernando Gómez, integrante de la Mesa de Cooperativas de La Rioja, explicó que la resolución del organismo nacional alcanza a unas 8.200 cooperativas y mutuales de todo el país, a las que se les cuestiona la falta de documentación correspondiente al funcionamiento ordinario de las instituciones.

“Suspender la matrícula implica dejarla sin funcionamiento”, sostuvo Gómez, quien consideró que la medida representa un nuevo golpe para los trabajadores y las organizaciones de la economía social.

Plazos difíciles de cumplir

Uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con los tiempos establecidos para regularizar la situación administrativa. Según detalló Gómez, la resolución contempla un plazo de entre 30 y 45 días para presentar la documentación requerida.

Sin embargo, advirtió que muchas entidades no cuentan con los recursos económicos ni administrativos necesarios para cumplir con esas exigencias en el período establecido.

“Hay cooperativas que, por la caída de la actividad económica, no hicieron el ejercicio contable. Estamos en una situación dramática por lo económico y es imposible llegar con esos plazos que nos dieron”, afirmó.

Desde la Mesa de Cooperativas sostienen que la crisis económica impactó directamente en la capacidad de las instituciones para sostener sus actividades y cumplir con sus obligaciones administrativas.

Reclaman recursos y la aplicación de la ley

Gómez también puso el foco en la falta de implementación de la Ley de Fomento Cooperativo, sancionada en 2010, y aseguró que su aplicación permitiría desarrollar políticas públicas específicas para acompañar al sector.

“Muchos de los argumentos del INAES estarían salvados si se aplicara esta ley”, señaló.

Otro de los reclamos apunta a los recursos destinados al sistema cooperativo. Según explicó el dirigente, al sector le correspondían alrededor de 580 millones de pesos provenientes de fondos integrados con el aporte del 5% que realizan las cooperativas y que el INAES distribuye entre las provincias.

En ese sentido, denunció que esos recursos no llegaron a La Rioja y reclamó respuestas sobre su distribución.

La suspensión de las matrículas abre un nuevo frente de preocupación para las cooperativas y mutuales riojanas, que deberán afrontar la regularización de sus obligaciones en un contexto de caída de la actividad y dificultades financieras. El reclamo del sector apunta tanto a obtener condiciones razonables para cumplir con los requerimientos administrativos como a recuperar herramientas de acompañamiento estatal que permitan sostener su funcionamiento y las fuentes de trabajo.

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