Cada día que pasa la posibilidad de no tener un presupuesto nacional 2025 sancionado por el Congreso crece. ¿En qué se vería perjudicada la Provincia? ¿Por qué la oposición sospecha de las reales intenciones de la Casa Rosada? ¿De qué se trata el decreto que el PJ cree es la clave de toda la negociación?

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Sin dudas la política argentina vive momentos inéditos en todas las acepciones que la palabra amerita aplicar. En ese contexto, el presupuesto nacional también podría generar un hecho histórico: su segunda reconducción consecutiva. Desde el retorno de la democracia en 1983 nunca había ocurrido algo así.

El paso de las semanas y las múltiples negociaciones en paralelo que se llevan adelante nos exponen ante la posibilidad concreta que el presupuesto nacional 2025 no sea sancionado. Y al igual que en 2024, el próximo año nos encuentre con un presupuesto que tome como referencia lo previsto en el ya lejano 2023.

 La ventaja para el Gobierno nacional de que el presupuesto 2025 no exista como tal y sea una reformulación es bastante obvia: la discrecionalidad del manejo de los recursos.

Si nuevamente se reconduce el esquema de gastos del país, los seguidores de la Escuela austríaca estarían administrando una estimación que se hizo hace dos años, con lo cual la inflación acumulada en estos 24 meses dejaría a todos los fondos subvalorados y en términos nominales tendrían una mayor cantidad de recursos en pesos disponibles.

Esa posibilidad económica siempre es funcional a la presión que la «Casa Rosada» puede ejercer sobre las Provincias, pero en un año electoral como es el que viene, esa realidad es mucho mayor y todos los protagonistas de esta historia lo saben. Especialmente los gobernadores.

Algunos legisladores de la oposición estiman que en caso de continuar con el presupuesto 2023, el Gobierno nacional tendría el próximo año discrecionalidad sobre el 66% de los recursos disponibles.

Esta semana quien lo dijo de manera explícita fue el diputado nacional por el radicalismo Martín Tetaz, quien aseguró: “La paradoja es que el Gobierno es el principal interesado en que el presupuesto no salga y son los gobernadores los que presionan para que no vuelva a pasar lo que pasó en 2024, los Gobernadores nos piden certezas. Tuvimos problemas con las universidades y con las provincias por no tener presupuesto, no sea cosa que vayamos otra vez a un mundo de discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo”.

El presupuesto está atado a una negociación más amplia, que también incluye qué pasará con la intención del oficialismo nacional de derogar las PASO y de sancionar la ley de ficha limpia, dos propuestas que «La Libertad Avanza» quiere que también sean tratadas por el cuerpo legislativo (aunque en el último caso hay más dudas de cuántas ganas tiene realmente).

En ese sentido, son temas que en principio para La Rioja no son especialmente significativos pero que al mismo tiempo tienen una injerencia directa en la discusión del presupuesto como la madre de las batallas.

¿Existe realmente una negociación? Esta semana el diputado nacional y presidente de la comisión de presupuesto en el Congreso, José Luis Espert, y también el vocero presidencial Manuel Adorni, fueron bastantes claros en aseverar que se negocia cualquier cosa menos el déficit cero. Lo cual limita mucho la discusión con las Provincias porque la clave del ajuste fiscal que lleva adelante el Estado nacional está centrado en la cuasi eliminación de la obra pública y la pérdida de poder adquisitivo de los haberes de los jubilados (un tema muy sensible para las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales)

El otro gran punto es el DNU 846.

El periodista Pablo Ibáñez escribió hace unos días: «El DNU 846 le otorga al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo súper poderes para reestructurar la deuda pública sin límites ni requisitos. Sin ese DNU, el Gobierno no puede renegociar deuda –tiene compromisos por U$S 27 mil millones en 2025–, un recurso esencial para la macroeconomía del año electoral. Ante la posible deriva del decreto, Caputo pensó una cláusula gatillo e incorporó en el proyecto de presupuesto el artículo 54 que le otorga las mismas facultades que le da el DNU. El nivel de precaución muestra el interés por tener esa herramienta».

En la “Casa de las Tejas” riojana piensan lo mismo y que la clave para lograr algo por parte de la “Casa Rosada” es presionar con una sesión en la semana que comienza en la cual se habilite discutir la vigencia de esa norma.

“Tenemos que convencer a los gobernadores y ellos a sus diputados que es por ahí la discusión. Para el Gobierno nacional lo más importante es pagar deuda y de esa manera habilitar seguir endeudándose, si no el modelo económico que imaginan no tiene sustento financiero. Por eso hay que presionar con este tema para negociar mejor el presupuesto”, dijo una de las personas que más sigue la realidad del Congreso y que reporta directamente a Ricardo Quintela sobre cada movimiento que se da.

Sin embargo, hay una realidad que no se puede dejar de mencionar: ni el Ejecutivo provincial ni los legisladores riojanos tienen diálogos de ningún tipo con la gestión que encabeza Javier Milei. Hoy por hoy no existe ninguna negociación entre la Provincia y la Nación por el presupuesto nacional.

Puede parecer una obviedad, pero expone la lógica de estos tiempos, en donde La Rioja no tiene ninguna relación institucional con la conducción política del país. Algo que nunca ocurrió en la magnitud actual desde el retorno de la democracia.

En las próximas tres semanas se debe definir qué pasará con el decreto que habilita al Estado nacional a tomar más deuda, qué ocurrirá con la presidencia del cuerpo de legisladores que hoy ocupa el riojano Martín Menem, el futuro de las PASO, la propuesta de Ficha limpia y el presupuesto nacional 2025.

Todo tiene que ver con todo, aunque por ahora lo único seguro es que nada está escrito, nada está presupuestado.

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