Desde Quintela y Florencia López del PJ hasta la vicepresidenta de UCR nacional, Inés Brizuela y Doria, cuestionan el mecanismo que decidió el presidente Javier Milei tras no lograr el acuerdo en el Senado para nombrar a Lijo y García-Mansilla en la Corte.

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Como hacía bastante no se veía, sectores de la oposición generalmente ubicados en veredas diferentes del arco político criticaron con firmeza el anuncio del Gobierno nacional de nombrar, vía decreto, a los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia por, al menos, un año.

Desde La Rioja puntualmente el primero en hacerlo fue el gobernador peronista Ricardo Quintela, quien indicó que este paso del presidente Javier Milei «es el fin de la división de poderes».

«Milei designó en el día de la fecha por COMISIÓN a dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin el más mínimo apego a la Constitución, nuevamente el presidente, que está imputado por estafador en la causa de las criptomonedas, vuelve a doblegar la apuesta realizando actos de gobierno con total desprecio por las instituciones y la Constitución Nacional», agregó el riojano.

Luego, sostuvo que «la reforma constitucional de 1994 prohíbe expresamente cualquier intento de hacer emerger una competencia para nominar jueces de la CSJN a partir del artículo 99, inciso 19. La actividad ejecutiva que pretenda nominar comisionados como jueces de la CSJN incurre en un abuso del Derecho y en el mal desempeño de las funciones».

Por último, Quintela apuntó que «esta provocación del presidente Milei, refleja su desapego por el principio de legalidad, hecho grave que desafía al sistema democrático en su conjunto».

Por su parte, la radical Inés Brizuela y Doria, que es también vicepresidenta a nivel nacional de la UCR, apuntó que «señor Presidente: la designación de jueces de la Corte NO es una atribución suya. Usted solo propone. El mecanismo de designación es un acto complejo que requiere CONSENSOS. No se confunda, usted no es el dueño de la pelota para darle una nueva oportunidad al Senado».

A su vez, elevó el tono de las críticas y dijo que «lo cierto es que a pesar de las extorsiones, no consiguió el consenso para lograr el acuerdo a sus candidatos. Nombrarlos por decreto, muestra su desprecio por el orden constitucional y es un acto de autoritarismo. Su acción irresponsable pone en riesgo la seguridad jurídica, condición necesaria e indispensable para atraer inversiones que generen trabajo de calidad, riqueza y bienestar para los argentinos».

Por último, destacó que «espero que el Senado rechace las postulaciones, ya que quienes aceptan entrar por la ventana, no son dignos de ser custodios de la Constitución».

La senadora del PJ Florencia López, por su parte, fue tajante al advertir que «el juez que acepte ser designado por decreto, tendrá un rechazo profundo» de su pliego por parte de la Cámara Alta del Congreso.

«Hay falta de voluntad (de Nación) en negociar y dialogar sobre temas básicos. Elegir un juez de la Corte Suprema es algo importante para que la justicia vuelva a ser creíble. Además creo que debe haber una representante mujer», sentenció.

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