Las autoridades y abogados de la obra social de la UNLaR destacaron el estado de las denuncias penales que pesan sobre el ex interventor Daniel Quiroga, el ex gerente general Lucas Zapata. y la ex presidenta Ana Laura Toro.

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En conferencia de prensa las autoridades de la Obra Social de la Universidad Nacional de La Rioja (OSUNLaR) brindaron precisiones sobre las causas judiciales iniciadas contra exfuncionarios por las irregularidades que se denunciaron en esa obra social y que habrían afectado el patrimonio institucional.

A la información la brindó la interventora de OSUNLAR, Gabriela Brizuela junto con el gerente Daniel Albornoz, el síndico Carlos Sant y los abogados Sergio Cano, Daniela Gallardo y Juan Carlos Brizuela.

Durante el encuentro se detalló el estado de la causa que se tramita ante el Juzgado de Instrucción N°2 contra el ex rector de la UNLAR y ex interventor de OSUNLAR, Daniel Quiroga y contra el ex gerente general de la obra social, Lucas Zapata. Según denunciaron las autoridades de la obra social, las investigaciones demostraron que durante la gestión anterior «se cancelaron irregularmente plazos fijos en dólares por 33 millones, de los cuales solo 19 millones fueron efectivamente transferidos al proveedor médico indicado».

Asimismo las autoridades aseguraron que estas no fueron las únicas irregularidades. «También se efectuaron gastos que, con un criterio razonable, nunca debieron realizarse en ese contexto, como compras de un millón de pesos en relojes, otro millón en toallas, y la contratación millonaria —pagada por adelantado— de un abogado externo, pese a que la obra social contaba con cinco abogados propios. Todo ello provocó que, en apenas siete meses, se dilapidaran casi USD 800.000, es decir, la mitad de los ahorros acumulados en la última década», afirmaron.

En relación a la causa por resoluciones duplicadas, se informó sobre las acciones contra otros ex funcionarios, incluyendo a la ex presidenta Ana Laura Toro, «quien habría tenido conocimiento de estas irregularidades pero omitió denunciarlas». «Las auditorías revelaron que ocho empleados -cuyos nombres se mantienen en reserva por orden judicial- recibieron pagos excesivos mediante resoluciones falsificadas que les asignaban múltiples categorías simultáneamente», añadieron.

«Los ex funcionarios Quiroga, Zapata y Toro tendrán que responder ante la Justicia por estas graves irregularidades que afectaron seriamente el patrimonio de nuestra obra social», dijo Brizuela.

El abogado Sergio Cano se refirió a la causa de las resoluciones duplicadas y dijo: «Se investiga por auditorías internas la existencias de resoluciones del consejo directivo del año 2022 en copias que no son coincidentes. Estas resoluciones son suscriptas por María del Carmen Corzo, son resoluciones idénticas en número, fecha y en los considerandos pero que difieren en la parte resolutiva. La copia le otorga a ciertos empleados de la obra social, función y categorías distintas a las que oportunamente se habían acordado en las paritarias celebradas con el gremio ATUR. Esto provoca que se abonen sueldos por encima de lo que establecía la paritaria y causó un daño patrimonial a la obra social».

Por otra parte, el letrado habló también sobre la situación judicial de la ex presidenta de OSUNLAR, Ana Laura Toro. «Se comenta que Ana LauraToro, en ocasión de asumir en su cargo, tomó conocimiento de estas irregularidades, labra un acta notarial, pero omite realizar la denuncia correspondiente y además continúa pagando los salarios de forma indebida. Todas estas irregularidades se denuncian ante el Ministerio Público Fiscal», informó.

Cano precisó que el pasado 30 de abril, el fiscal Luis González Aguirre promovió la acción penal contra Toro. «El fiscal Luis González, luego de analizar los hechos denunciados y las pruebas presentadas, decidió promover la acción penal en contra los autores a determinar por los delitos de falsificación material e ideológica de documentos. Y también en contra de Ana Laura Toro por los delitos de administración fraudulenta y omisión de denuncia», afirmó.

En tanto, la abogada Daniela Gallardo dio detalles sobre la denuncia que se hizo contra Quiroga. «Hubo promoción de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y de peculado. La denuncia fue presentada contra el ex interventor Daniel Quiroga y el ex gerente general Lucas Zapata», detalló.

Gallardo añadió que la denuncia se hizo «por abuso de autoridad y administración desleal por el perjuicio financiero que venía sufriendo la OSUNLAR». «En casi 7 meses se dilapidaron casi 800.000 dólares», aseguró.

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