Es Ernesto Pérez, a cargo de Producción, quien consideró que sería el mejor sistema electoral para dirimir las «expectativas» de los futuros precandidatos a gobernador/a en el peronismo. Además, se mostró a favor de que se expresen quienes tienen aspiraciones.

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En el expectro político riojano viene dando vuelta en los últimos meses la hipotética vuelta de la Ley de Lemas. Saben que el PJ tiene el número en la Legislatura para cambiar el sistema electoral en el 2027 si quisiera, pero por ahora no hay ningún tipo de movimiento en esa línea.

En ese contexto, Riojavirtual Radio habló con el ministro de Producción, Ernesto Pérez, quien fue consultado sobre las elecciones que se vienen en el 2027, como deben dirimirse las candidaturas para quien busque suceder a Quintela y dejó claro que él está a favor de la vuelta de la Ley de Lemas.

«Yo creo que es sano el debate de candidaturas ahora, no me incomoda la discusión, y también quiero dejar claro que es una opinión mía, pero creo que la Ley de Lemas puede llegar a resolver las candidaturas y expectativas individuales de los compañeros» de cara al 2027, sentenció el funcionario.

Por otra parte, dijo que por ahora «no tengo» candidata o candidato preferido pero puso en el escenario a Teresita Madera, Florencia López, Armando Molina y Rodrigo Brizuela y Doria pero consideró que «puede haber otros».

«Todos tienen un gran valor, pero tienen que expresar que quieren ser candidatos, quienes serán sus equipos, para qué ser candidatos, pero todos estos nombres me parecen buenos, iremos viendo como se van cosechando los acompañamientos a cada uno de ellos», agregó.

Por último, Pérez dijo que «el gran elector del 2027 será Ricardo (Quintela), por su condición de actual gobernador y toda la experiencia política que tuvo estos años».

¿QUE ES LA LEY DE LEMAS?

• El sistema, muy discutido, permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y asignar a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras listas.
• Si bien se ha cuestionado su constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que es una cuestión de derecho público local y no la ha invalidado.

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