El Tribunal Superior detectó irregularidades vinculadas a una cédula judicial de cobro a un cliente que sería apócrifa y giró al Consejo de Abogados para que investigue. De comprobarse, su presidente Francisco Brizuela sostuvo que hay diversas sanciones y la máxima es la quita de la matrícula.

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El presidente del Consejo de Abogados de La Rioja, Francisco Brizuela, se refirió a la denuncia impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en torno a la presunta utilización de documentación apócrifa para el cobro de tasas judiciales, un hecho que podría involucrar a profesionales de la matrícula.

En diálogo con RiojaVirtual, este viernes Brizuela aclaró que hasta el momento no recibieron ninguna notificación formal sobre el caso. “Nosotros como Consejo de Abogados todavía no tenemos ninguna información oficial. Sabemos por trascendidos que nos va a llegar documentación en el transcurso del día, pero por ahora no hay nada formal”, explicó.

En ese sentido, detalló que el procedimiento institucional indica que la comunicación debe realizarse mediante una nota oficial del Tribunal, acompañada de toda la documentación certificada que respalde la investigación. “Una vez que eso ingresa, toma intervención el Tribunal de Disciplina del Consejo de Abogados para analizar si hay participación de algún matriculado y, en ese caso, iniciar las acciones correspondientes”, señaló.

Respecto a las posibles sanciones, el titular del organismo indicó que son progresivas y dependen de la gravedad del hecho y de los antecedentes del profesional involucrado. “Todo debe estar debidamente acreditado. Si surge la posible participación de un abogado, se lo cita, se le corre traslado para que realice su descargo y se garantiza el derecho de defensa”, sostuvo.

Sobre el hecho investigado, Brizuela explicó que, según la información que trascendió, se habría incorporado a un expediente judicial una resolución y una cédula de notificación falsas, en el marco de una causa vinculada a un juzgado de violencia de género, donde se intimaba al pago de una supuesta tasa de justicia.

“La cédula de notificación es una comunicación oficial del juzgado a las partes intervinientes en un proceso. En este caso, se trataría de una cédula falsa, al igual que una resolución que no tendría validez legal. Ahora habrá que determinar quién o quiénes fueron los responsables de introducir esa documentación en el expediente”, concluyó.

El caso genera preocupación en el ámbito judicial y profesional, y se espera que en las próximas horas el Consejo de Abogados reciba la información oficial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Brizuela dijo también las medidas disciplinarias pueden ir desde un llamado de atención o apercibimiento hasta la suspensión o incluso la quita de la matrícula. “El Tribunal de Disciplina tiene la facultad de investigar y eventualmente sancionar a aquellos profesionales que incurran en hechos que afecten el ejercicio de la profesión”, sostuvo.

Finalmente, el titular del Colegio remarcó que este proceso es independiente de la posible intervención de la Justicia penal. “Son trámites paralelos y distintos. Por un lado, el Consejo de Abogados actúa en el plano disciplinario interno, y por otro, la Justicia penal puede avanzar a través de un juzgado de instrucción con las sanciones que correspondan”, explicó.

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