Es lo que pide el Ejecutivo local que se mostró a favor de abrir el «diálogo» con San Juan y dejar atrás la judicialización. Pero ratificó que no es negociable evaluar el impacto ambiental que tendrá el mega proyecto ni la necesidad de que genere trabajo para riojanos.

---

En medio de la creciente tensión por el proyecto minero sanjuanino Vicuña, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, confirmó que hasta el momento no existieron instancias formales de diálogo con las autoridades de San Juan, aunque no descartó que ese sea el camino para destrabar el conflicto.

“No creo que ni La Rioja, ni San Juan, ni la empresa tengan como objetivo sostener esto en la Justicia. La salida necesariamente tiene que ser el diálogo”, afirmó el funcionario en diálogo con Rioja Virtual Radio.

Sin embargo, remarcó que ese diálogo debe darse en condiciones de respeto mutuo: “Así como nosotros respetamos la autonomía sanjuanina, pretendemos el mismo respeto respecto a los impactos que este emprendimiento genera en nuestro territorio”.

Uno de los ejes centrales del planteo riojano tiene que ver con la naturaleza compartida del ecosistema. Azulay cuestionó la idea de que los efectos ambientales puedan quedar limitados a una sola provincia: “El límite con San Juan es político, no ambiental. El ecosistema es uno solo”. En ese sentido, advirtió que el proyecto contempla intervenciones de alto impacto a escasa distancia del límite interprovincial, como un “open pit” —un gigantesco pozo a cielo abierto— ubicado entre 500 y 1.500 metros de la frontera.

El funcionario también expresó preocupación por obras complementarias como campos de pozas de bombeo y su posible impacto en las cuencas altas del Valle del Bermejo, además de la cercanía con zonas sensibles como el glaciar El Potro y ecosistemas de altura. “Estamos hablando de ambientes sumamente frágiles que requieren un análisis minucioso. No se puede avanzar sin certezas”, sostuvo.

En ese marco, La Rioja exige la presentación de un estudio de impacto ambiental integral de todo el proyecto, y no únicamente de obras parciales como caminos o infraestructura secundaria. Según detalló Azulay, la empresa habría presentado inicialmente informes limitados mientras avanzaba en paralelo con autorizaciones en San Juan. “Hoy nos encontramos con que el emprendimiento fue autorizado y tenemos más dudas que respuestas”, advirtió.

Entre los interrogantes planteados, mencionó el comportamiento del dique de colas ante eventuales incidentes, la afectación de cuencas hídricas que alimentan al río Blanco y las consecuencias sobre la flora y fauna riojana. “Es ingenuo pensar que el impacto se va a expandir solo hacia un lado. Es como tirar una piedra en una laguna y creer que las ondas van a ir en una sola dirección”, graficó.

Además del aspecto ambiental, el secretario puso el foco en la necesidad de que el proyecto genere beneficios concretos para la provincia. En particular, reclamó mayor inclusión de trabajadores riojanos y participación de proveedores locales. “No podemos aceptar que La Rioja asuma impactos sobre sus recursos naturales a cambio de una mínima generación de empleo”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el desarrollo debe involucrar directamente a las comunidades cercanas, como Villa Unión, Vinchina y Villa Castelli, tanto en empleo directo como en la cadena de servicios. “Si no, vamos a terminar con los impactos negativos de un lado y los beneficios del otro”, concluyó.

«No vamos a sacrificar recursos naturales por el trabajo para 100 personas, en el Valle del Bermejo tiene que haber 10 veces más empleo que los que hoy se generan con este proyecto. Si no los derrames negativos serán para nosotros y los impactos positivos para San Juan», sentenció Azulay.

El conflicto sigue abierto, con la expectativa de que en los próximos días se habiliten canales de diálogo institucional que permitan encontrar una salida consensuada entre ambas provincias.

Comentarios

comentarios