El resultado prevé ser positivo para ambas partes y también deja una enseñanza: el desarrollo no puede pensarse sin diálogo, pero tampoco sin reglas claras. La Rioja dejó en claro que hay límites que no son negociables. El ambiental es uno. El impacto económico local es otro.

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En tiempos donde los grandes proyectos extractivos suelen avanzar con lógica propia, muchas veces ajena a los territorios que los rodean, lo ocurrido en los últimos días entre el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña S.A. merece una lectura profunda.

No se trató de un gesto menor. Se trató de algo mucho más significativo: lograr que una de las compañías mineras más importantes del país, con proyecciones de inversión multimillonarias en la vecina provincia de San Juan, se siente a dialogar y reconozca que su actividad no termina en un límite geográfico dibujado en un mapa.

Porque si el proyecto se desarrolla a escasos metros del territorio riojano, es evidente que su impacto —especialmente el ambiental— también lo hará. Y allí radica uno de los puntos centrales de esta discusión: durante mucho tiempo, la empresa que opera en San Juan en el límite con nuestra provincia se mostró reticente a avanzar en informes de impacto ambiental completos que contemplaran esta realidad según dictó la propia justicia.

Es en ese marco donde la posición de La Rioja cobra mayor relevancia. La Rioja sostiene que no pretende obstaculizar. Pero La Rioja hizo algo más complejo y más necesario: puso condiciones. Es para ello para lo que fueron elegidos nuestros gobernantes, más allá de las formas que puedan gustar o no.

En medio de presiones de sectores con intereses concretos, el gobierno provincial logró encauzar una negociación que hoy empieza a mostrar resultados. Entre ellos, compromisos vinculados a una mayor generación de empleo —muy por encima de los niveles actuales—, una participación más activa de proveedores locales y la reactivación de obras clave. El 11 de mayo se espera que esto quede plasmado en un encuentro entre el gobernador y José Morea, máxima autoridad de Vicuña en el país.

No es un dato menor la decisión de la empresa de avanzar en mejoras viales, incluyendo mantenimiento de caminos utilizados desde territorio riojano hacia el proyecto y la ejecución de un nudo vial con inversión significativa. Son señales concretas de que el desarrollo puede —y debe— tener anclaje territorial.

Este proceso también deja una enseñanza: el desarrollo no puede pensarse sin diálogo, pero tampoco sin reglas claras. Y en ese sentido, La Rioja dejó en claro que hay límites que no son negociables. El ambiental es uno de ellos. El impacto económico local es otro.

Lejos de cualquier lógica de confrontación, las partes deben consolidar una nueva etapa con beneficios para ambas partes. Una donde la provincia no se corre del desarrollo, pero tampoco resigna su rol. Una donde se colabora, sí, pero bajo estándares que garanticen beneficios reales para nuestra gente y resguardo para nuestro territorio.

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