Si bien en abril el incremento de la coparticipación federal dio oxígeno a las arcas riojanas pese a seguir con nùmeros negativos en términos anuales, el aumento que implementará en julio para cobrar en agosto insumirá unos $10 mil millones de pesos extra.

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El incremento para los estatales según pudo confirmar Riojavirtual será desde julio para pagar en agosto. Sólo queda definir su alcance definitivo aunque con las simulaciones actuales tendrían un costo cercano a los $10.000 millones mensuales y absorbería gran parte de la mejora registrada en la coparticipación federal pese a que siga perdiendo contra la inflación en términos interanuales.

La decisión de Quintela de otorgar el aumento según el mismo indicó busca recomponer ingresos luego de varios meses marcados por la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre financiera derivada de la caída de recursos nacionales.

Durante gran parte del último año, La Rioja debió afrontar una fuerte reducción de recursos producto de la caída de la coparticipación federal y de la eliminación total de otras transferencias nacionales, entre ellas los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y distintos fondos extracoparticipables que históricamente complementaban los ingresos provinciales.

Sin embargo, durante mayo comenzó a registrarse una recuperación en los envíos automáticos de fondos desde la Nación entre otros aspectos por el pago de ganancias de grandes empresas y las proyecciones indican que esa tendencia podría sostenerse durante los próximos meses.

Esa mejora explica, en parte, la decisión del Ejecutivo provincial de avanzar con una nueva recomposición salarial. Pero también plantea un desafío financiero de magnitud.

De acuerdo con estimaciones realizadas por fuentes de la Casa de las Tejas, el nuevo aumento tendría un costo fiscal cercano a los 10.000 millones de pesos mensuales.

Actualmente, la Provincia destina alrededor de 85.000 millones de pesos al pago de salarios del sector público, incluyendo empleados de planta permanente, transitoria y distintos programas de trabajadores precarizados. Con el incremento previsto, esa cifra podría acercarse a los 95.000 millones de pesos mensuales.

Pero el análisis no termina allí. Quintela también confirmó el relanzamiento de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como “Chachos”. La implementación de esa herramienta obligará a la Provincia a mantener recursos disponibles para garantizar el recupero y la operatoria financiera del sistema.

En consecuencia, distintas estimaciones oficiales indican que el gasto mensual vinculado al pago de salarios y a la cobertura financiera necesaria para sostener los Chachos podría ubicarse en torno a los 100.000 millones de pesos.

La cifra adquiere relevancia cuando se la compara con los ingresos que recibe la Provincia por coparticipación federal. Especialistas consultados estiman que esos recursos podrían estabilizarse entre los 110.000 y los 115.000 millones de pesos mensuales durante los próximos meses.

En otras palabras, aun con la mejora observada en la coparticipación, el margen financiero seguiría siendo reducido.

La decisión de otorgar aumentos salariales aparece como una necesidad política y social para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, pero al mismo tiempo vuelve a exponer la fuerte dependencia de las cuentas provinciales respecto de los recursos nacionales.

Por ahora, la recuperación de la coparticipación ofrece algo de oxígeno. Sin embargo, los números muestran que gran parte de esos fondos adicionales quedarán absorbidos por el nuevo esquema salarial y por las obligaciones financieras que asumirá la provincia con la reactivación de los Chachos.

Así, el gobierno provincial volverá a enfrentar el mismo desafío que ha marcado gran parte de los últimos meses: sostener el gasto público, recomponer ingresos y mantener el funcionamiento del Estado con cuentas que continúan caminando sobre una delgada línea de equilibrio.

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