La obra social administra una masa de recursos que representa cerca de la mitad de los fondos que ingresan mensualmente a la provincia, fuera de salarios. Pese a ello, mantiene conflictos con prestadores, proveedores y afiliados. Buscan vías para ordenar su funcionamiento.

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La situación de APOS comenzó a generar preocupación dentro del Gobierno provincial. La obra social estatal maneja un volumen de recursos de enorme magnitud y, según fuentes oficiales, fuera de los fondos destinados a salarios, insume alrededor de la mitad de los recursos que ingresan mensualmente a la provincia por todo concepto.

La paradoja es que, pese a esa cantidad de fondos, persiste una situación de tensión prácticamente permanente con proveedores, prestadores y afiliados, como por ejemplo la aplicación inflexible de los cupos que se viene dando desde este año que golpea principalmente a estos dos últimos.

El aporte que realizan los empleados públicos a APOS, además, es relativamente bajo. Actualmente se ubica aproximadamente entre los $23.000 y $25.000 mensuales, muy lejos del costo de una cobertura de medicina prepaga. Ese descuento se actualiza en función de los aumentos salariales.

Uno de los principales reclamos de los afiliados tiene que ver actualmente con los cupos para las prestaciones. Colegios de médicos, bioquímicos y otras ramas de la salud vienen planteando que los cupos disponibles para APOS se agotan, en muchos casos, entre el 20 y el 22 de cada mes.

La consecuencia es directa: afiliados que necesitan una consulta, un estudio o determinada práctica reciben como respuesta que ya no hay cupos disponibles y deben esperar hasta el mes siguiente. La situación genera un fuerte malestar y termina trasladando el conflicto entre la obra social, los prestadores y los pacientes.

A esto se suma otro aspecto que genera preocupación dentro del Gobierno: el crecimiento que tuvo la estructura de APOS en los últimos años, tanto en edificios como en personal y funcionamiento administrativo.

También existen cuestionamientos sobre los procedimientos de compra y contratación utilizados por la obra social, un tema que comenzó a ser observado con mayor atención por distintos sectores de la administración provincial.

Así, APOS quedó en una situación particular: administra una enorme cantidad de recursos, pero al mismo tiempo mantiene conflictos que afectan a quienes utilizan sus servicios. Para el Gobierno, el problema ya no es solamente presupuestario, sino también de funcionamiento y de gestión.

La expectativa dentro de la Casa de las Tejas es poder ordenar la situación en el corto plazo, revisando la estructura, los mecanismos de contratación y la relación con los prestadores, pero sin afectar la cobertura de los afiliados.

El desafío será encontrar un equilibrio entre los recursos que APOS recibe, el costo de su estructura y la capacidad efectiva de brindar prestaciones durante todo el mes. Por el impacto que tiene sobre miles de riojanos, la obra social se convirtió en uno de los temas que más atención demanda actualmente al Gobierno provincial.

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