Consideró que la provincia tiene la obligación de abonar los salarios y además volvió a exigir la actualización de los fondos coparticipables. En ese contexto, denuncia que hay municipios con menor población que reciben más fondos.

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Este martes por la tarde, el Municipio de Capital brindó una conferencia de prensa para referirse a los argumentos legales, técnicos y jurídicos, del pase a planta de los trabajadores PEM, en respuesta a las declaraciones vertidas hoy a la mañana por funcionarios provinciales.

La conferencia de prensa se realizó en la Sala de Situación del Palacio Municipal y fue encabezada por el Secretario de Hacienda, Guillermo Bustos, y la Secretaria Legal y Técnica, Cristina Salzwedel.

En primera instancia, el Secretario de Hacienda explicó que los números de los fondos de coparticipación que le envía la provincia a la comuna no están debidamente actualizados y se manejan de forma discrecional por el gobierno provincial. A su vez, remarcó que hay municipios del interior con menor cantidad de habitantes que reciben más presupuesto que el Municipio de Capital.

A su turno, Cristina Salzwedel manifestó que en el año 2019, al inicio de la gestión municipal, se encontraron con “una situación lamentable de más de 3 mil compañeros municipales precarizados laboralmente”, heredados de los ex intendentes Ricardo Quintela y Paredes Urquiza.

“Nosotros no nombramos ni un solo PEM hasta el día de hoy, porque no concebimos que haya riojanos trabajando en situaciones de semi-esclavitud, sin acceso a una obra social y sin tener aportes previsionales para después poderse jubilar”, continuó.

Recordó que, por decisión de la intendenta Inés Brizuela y Doria, se realizó un empadronamiento de los trabajadores PEM, para hacer un relevamiento y conocer la realidad de cada uno de los compañeros municipales y de sus familias.

“Ahí nos enteramos que había compañeros con hasta 17 años de antigüedad o con enfermedades graves sin tener acceso a una obra social o sin poder terminar sus estudios” continuó, y dijo que, tras el empadronamiento, comenzó un proceso de pase a planta justo, transparente y al que todos pudieran acceder, sin distinción de banderías políticas.

Seguidamente, afirmó que la Ley y la Constitución avalan a la intendenta Inés Brizuela y Doria para realizar los nombramientos, ya que es ella quien tiene la facultad de firmar los pase a planta de cada uno de los PEM y ratificó que el gobierno provincial tiene la obligación legal del pago de los salarios de los trabajadores comunales.

“Esta mañana se la llamó a la intendenta irresponsable por llevar adelante los nombramientos, y fueron los mismos que lo hicieron en el 2015, unos 300 funcionarios de ese momento, se pasaron ellos mismos a planta y dejaron a nuestros compañeros municipales precarizados y en la misma situación en la que estaban”, indicó.

“La Justicia, con sus fallos, les reconoció sus derechos como trabajadores de planta a partir de la firma del decreto”, continuó y agregó que “fíjense quién dice la verdad y quién miente; nosotros siempre estuvimos del lado de los trabajadores”.

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