El proceso electoral del 7 de mayo se judicializó en el estamento intendente/a de Capital. Todos los caminos conducen a la Corte. La jugada que analiza la comuna. ¿Por qué también se podría judicializar la convocatoria del Palacio Municipal para octubre?

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Todo el ambiente político y mediático lo sabía, pero faltaba el trámite formal y en la semana que pasó se concretó. El proceso electoral del 7 de mayo en el estamento de intendent@ y concejales de Capital se judicializó, y ahora además de candidaturas, propuestas y resultados, deberemos estar atent@s al fallo de la Justicia.

En las próximas horas el Gobierno provincial espera ser notificado formalmente de la presentación que realizaron los fiscales municipales.

Más allá de lo que la Justicia provincial resuelva, en los despachos de la «Casa de las Tejas» creen que el proceso terminará en la Corte Suprema de Justicia y que la razón les asiste.

En ese sentido, están convencid@s de sus argumentos sobre la competencia del Estado provincial para convocar a los comicios en los estamentos municipales y agregan un elemento: una parte de la presentación de los fiscales municipales hace referencia a competencias que en la Casa de Gobierno entienden son del Tribunal Electoral no del Tribunal Superior, con lo cual podrían pedir su intervención y esa acción dilataría en el tiempo el recorrido del expediente.

Con un agregado, hay un dato que todavía no trascendió públicamente y que puede ampliar aún más este conflicto en el campo judicial: también existe la posibilidad de impugnar el proceso de convocatoria para el 22 de octubre que realizó de manera autónoma la comuna capitalina.

Sobre la mesa de trabajo del Gobernador existe un documento elaborado por algun@s letrados del Gobierno que adelanta posibles acciones judiciales (y también en el ámbito del Concejo Deliberante) por lo resuelto en el decreto que emitió la Intendenta.

Luego de analizar la convocatoria que realizó el Palacio municipal, el trabajo presentado al mandatario provincial asegura que: no existe el Código electoral municipal, se debe convocar previamente a unas PASO municipales según lo determinado por la norma que cita el decreto que firmó la Intendenta y advierte que en esa convocatoria se atribuye al municipio una competencia que no tendría.

Mientras que en el caso del Concejo Deliberante, l@s ediles peronistas estarían analizando avanzar con varios pedidos de informes, citaciones a funcionari@s y finalmente la alternativa de un pedido de juicio político. Marzo será un mes intenso en el organismo deliberativo y esta semana se comenzarían a ver los primeros coletazos.

Por su parte, desde la Fiscalía de Estado municipal en la presentación que realizaron fundamentan que sus principales argumentos jurídicos son: la vigencia de la autonomía municipal y de la competencia de la comuna para convocar a la elección de sus propias autoridades.

Esos principios entienden que tienen rango constitucional, y son el eje con el cual presentaron esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia un amparo con medida cautelar sobre el decreto de convocatoria a elecciones que realizó la Provincia para el 7 de mayo.

La acción judicial también deja prever los próximos pasos que imaginan en el Palacio «Juan Ramírez de Velasco». En la comuna estiman que el máximo organismo judicial de la Provincia podría tomar dos caminos: rechazar su planteo o demorar en el tiempo tomar una postura.

En ambos casos en «Juntos por La Rioja» entienden que se abre un solo camino: ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Si nos rechazan el amparo vamos ante la Corte porque es el paso siguiente, y si demoran el fallo, podremos ir ante la Corte porque plantearíamos un escenario de denegación de Justicia. La existencia de la jurisprudencia del caso Ponce de San Luis nos parece que no deja dudas que el fallo de la Corte será a nuestro favor», adelantan.

Y en este punto aparece un dato político que no se debe pasar por alto. La Intendenta no firmó la presentación judicial, lo hicieron solamente el Fiscal de Estado municipal y su adjunto como representantes de los intereses del Estado comunal.

Puede parecer un dato administrativo menor, pero adquiere una carga política significativa ante los últimos movimientos que se vieron en el Palacio municipal.

Dos fuentes de primera línea en la gestión de “Juntos por La Rioja” coincidieron en algo cuando fueron consultados para este comentario: “No está descartado que nos presentemos el 7 de mayo, nosotros defendimos la autonomía municipal al ir ante la Justicia, pero la estrategia política electoral puede ser otra para garantizar la participación”.

Inclusive, esta semana la propia Inés Brizuela y Doria dijo en “Riojavirtual Radio”: “Decidiremos en el momento oportuno lo que mejor nos garantice el derecho de participación. Será cuando nos lo indiquen nuestros abogados”. Es decir, por primera vez y de manera pública no descartó la fecha del 7 de mayo.

La pregunta final de este texto se relaciona con el paso del tiempo. ¿Cuánto tardará la Justicia provincial en expedirse sobre la presentación realizada por la Municipalidad? Un amparo y una medida cautelar implican urgencia pero no hay certezas de plazos. Todas las partes saben que no será lo mismo llegar al cierre de listas del 18 de marzo sin una resolución que con una decisión ya tomada.

¿Toda la oposición se abstendrá de participar o algunos sectores ya piensan en la posibilidad de captar el voto de “Juntos por La Rioja” en caso de que el radicalismo no se presente? Ese interrogante también está en el cuarto piso del nuevo edificio del municipio y pesará al momento de definir si el radicalismo participará o no de las elecciones del 7 de mayo en ese estamento.

Como en todo proceso de judicialización de la política existen dos bibliotecas jurídicas, con argumentos que para quienes no somos letrad@s suenan extraños y todos convincentes o lógicos.

Sin embargo, dentro de todas las divergencias que l@s protagonistas de esta historia exponen, sí existe un punto de acuerdo: este proceso terminará en la Corte Suprema de Justicia. Y el máximo organismo de Justicia del país no resolverá quién ganó la elección, sino cuál de las dos convocatorias es la correcta. Es decir, determinará que una elección es la válida y la otra no tuvo sentido.

7 de mayo o 22 de octubre, dos fechas, varios argumentos jurídicos y pocas certezas. Quizás la única es que la resolución judicial de este conflicto político/institucional tiene como fecha límite el 10 de diciembre, cuando terminará el actual mandato de la intendenta Inés Brizuela y Doria. Un fallo después de ese plazo resultaría un sin sentido político y la crisis institucional sería inconmensurable.

La palabra final la tendrá la Justicia. 

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