Por ello aprobó ley de proveedores que fija objetivos concretos para ampliar la participación de empresas y trabajadores locales. Fija un mínimo del 80% de mano de obra sanjuanina y 60% de contrataciones para empresas sanjuaninas en proyectos.

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Pese a las fuertes diferencias políticas y estratégicas que mantienen en materia minera, La Rioja y San Juan comienzan a coincidir en un aspecto que ambos gobiernos consideran determinante para el futuro de la actividad: proteger el empleo y las empresas locales frente al avance de las grandes inversiones.

La Legislatura de San Juan aprobó recientemente una Ley de Desarrollo Minero Local que establece mecanismos para fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor del sector, una iniciativa que va en la misma línea de la normativa que La Rioja sancionó meses atrás.

El dato no pasa inadvertido. Mientras San Juan decidió adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional y La Rioja rechazó esa adhesión por considerar que afecta las economías regionales y limita las potestades provinciales, ambas administraciones terminaron impulsando herramientas similares para resguardar a sus proveedores.

En otras palabras, más allá de las diferencias sobre el modelo de desarrollo minero, existe una coincidencia de fondo: evitar que las grandes compañías concentren las contrataciones en empresas de otras provincias o del exterior, dejando escaso impacto económico en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La ley aprobada en San Juan busca promover la contratación de proveedores radicados en la provincia, fomentar el desarrollo de pymes locales, impulsar la generación de empleo sanjuanino y fortalecer el entramado productivo vinculado a la minería.

Ese objetivo es prácticamente el mismo que persiguió La Rioja al sancionar su propia ley de proveedores mineros y contrate riojano para la actividad minera, con la que pretende garantizar que los beneficios de la explotación de los recursos naturales se traduzcan en trabajo, inversiones y crecimiento para las empresas locales.

La coincidencia resulta significativa porque se produce en medio de diferencias públicas entre ambas provincias por distintos proyectos mineros ubicados en zonas limítrofes y también por sus posiciones contrapuestas frente al RIGI.

Sin embargo, cuando se trata del desarrollo de la cadena de proveedores, tanto La Rioja como San Juan parecen compartir un mismo diagnóstico: sin reglas que prioricen la participación local, las grandes inversiones pueden generar un importante movimiento económico sin un derrame proporcional sobre las regiones donde operan.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por atraer inversiones, sino también por definir cuánto de esa riqueza permanece en cada territorio. Y en ese punto, tanto La Rioja como San Juan parecen haber llegado a la misma conclusión: el Estado debe generar herramientas que garanticen oportunidades para sus proveedores, sus pymes y su mano de obra.

Entre los puntos que resalta la nueva ley sanjuanina figura la obligación de presentar programas orientados a alcanzar un 80% de trabajadores con residencia en San Juan, priorizando especialmente a quienes viven en los departamentos directamente vinculados con los yacimientos.

A su vez, fija como meta que al menos el 60% del monto anual de las contrataciones de bienes y servicios quede en empresas y pymes radicadas en la provincia, siempre que éstas ofrezcan condiciones competitivas de mercado.

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