El organismo habilitó una vía para que el beneficiario al que le negaron la ayuda presente los elementos para probar que le corresponde. En todo el país ya se rechazaron más de 3 millones de solicitudes. PORMENORES.
Los que solicitaron el bono de $ 10.000 y les fue “denegado” e ingresaron con clave personal a la página de la ANSeS donde se explica la o las razones por las que quedaron excluidos del beneficio, pueden hacer el reclamo si tienen los elementos que prueben que el rechazo del organismo no es correcto.
El reclamo se puede hacer al mail consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 y por la línea 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual más alla de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSeS (denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).
Así respondieron desde la ANSeS a quienes se les denegó el beneficio. “Tu solicitud ha sido denegada. “Si deseas conocer los motivos ingresa aquí con Clave de la Seguridad Social”, es la respuesta que encontraron algunas personas que se habían preinscripto cuando ingresaron al sitio de la ANSeS.
Hasta el lunes, no habiendo concluido el cruce de datos, los rechazados sumaban 3 millones. La ANSeS le negó el subsidio por no cumplir las condiciones y requisitos para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por las razones más variadas.
Como vino explicando este diario, el beneficio se otorga a un solo integrante de la familia y los motivos del rechazo pueden ser que el solicitante o algún miembro de su grupo familiar tenga ingresos por:
Un motivo importante del rechazo es que los datos del grupo familiar surgen de la ADP (Administración de Personas), una base que dispone la ANSeS de los registros oficiales y de lo declarado por cada persona cada vez que realiza algún trámite ante el organismo oficial, en especial el Registro de las Personas, ANSeS y AFIP. Y muchas parejas que se separaron aun figuran como cónyuges integrando el mismo grupo familiar.
Otro de los motivos es el cruce de datos con la AFIP para verificar la “evaluación socioeconómica y patrimonial” (ingresos, propiedades, autos, cuenta bancaria, tarjeta de débito y crédito). Y con la Dirección de Migraciones “solo y a los exclusivos fines del estricto control del cumplimiento de la exigencia de residencia legal requerida a los ciudadanos extranjeros, así como la de permanencia en el país“.
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