Más allá de quién gane las próximas elecciones en Capital, hay situaciones estructurales de funcionamiento que condicionarán a cualquier gestión. El error de subestimar problemas, la necesidad de comenzar a trabajar antes en un proyecto y el riesgo de ser un Estado fallido.
Esta semana nuevamente un conflicto con l@s trabajadores encargad@s de la recolección de residuos puso sobre la mesa la necesidad de discutir el funcionamiento de la municipalidad del departamento Capital.
Dejando de lado si Inés Brizuela y Doria logra la reelección en el cargo, o si el peronismo recupera la conducción de la comuna con Armando Molina o Gabriela Pedralli, no descartando que l@s liberales impongan un postulante o que Fernando Gómez del FROP provoque una sorpresa electoral.
Es decir, más allá del nombre del próximo Intendent@: hay problemas estructurales que la ciudad presenta y que deben ser atendidos en su real dimensión por la próxima gestión para no fracasar.
Hay algo que une en el tiempo a las gestiones de Luis María Agost Carreño, Ricardo Quintela, Alberto Paredes Urquiza o Inés Brizuela y Doria, y es haber subestimado los inconvenientes de base que tiene la ciudad más poblada de la Provincia y creer que con el solo cambio en la conducción todo sería diferente.
Durante las distintas campañas que l@s llevaron a la intendencia, la dirigencia siempre planteó que el problema era de administración y que con su llegada al despacho principal del cuarto piso del “Palacio Juan Ramírez de Velasco”, esa situación se resolvería.
Sin embargo, una vez en el cargo las palabras recursos y discriminación por parte de la Provincia se vuelven una constante del intendent@ de turno. Y es que el diagnóstico que realizan en la previa es el que aparece como posiblemente errado. No es centralmente un problema de administración, sino de recursos.
En la época de Luis María Agost Carreño o de Ricardo Quintela era la ausencia de una ley de coparticipación, pero ya con Paredes Urquiza o la actual gestión, la ley está sancionada pero discrimina a Capital porque recibe menos plata de la que debería y no reconoce la existencia de los 2.000 trabajadores que fueron pasados a planta permanente durante el año 2015 (con el agravante de las designaciones en planta que se realizaron el año pasado).
Con un elemento más a considerar: hasta el año 2017 el principal gravamen de recaudación de la Municipalidad era la “Tasa de alumbrado”, que representaba el 30% de lo recaudado por la comuna. Sin embargo, ese año se modificó la normativa vigente por parte del Estado provincial y hoy esa tasa es deficitaria.
Mientras tanto, la bajísima recaudación propia es un fracaso en el que también coinciden todas las gestiones de la democracia. Ninguna logró que la contribución inmobiliaria supere el 25% de contribuyentes al día, es decir que el 75% de los frentistas capitalinos no abonan la principal contribución que debería cobrar la Municipalidad.
Inclusive, dentro del 25% que sí la paga, la mayoría no tiene declaradas las ampliaciones que se realizaron en sus viviendas y en muchos casos contribuyen como baldíos casas que tienen amplias y costosas modificaciones. Con esta realidad, la Municipalidad todavía recauda menos de lo que debería.
Para tomar dimensión de que se trata de un problema estructural se puede mencionar un ejemplo bastante elocuente: el 80% de los camiones de recolección de residuos de la Municipalidad no son propios, se los alquila a una empresa. Es decir, la principal comuna de la Provincia no tiene la cantidad de camiones propios para poder garantizar un servicio básico como la recolección de la basura.
Es innegable que hay un componente político en este conflicto y la pelea entre el Gobernad@r de turno y la conducción municipal del momento es una constante riojana, como el calor en diciembre o la Chaya en febrero.
Sin embargo, una solución de fondo debería pasar por encima de este ítem o subordinarlo.
Está claro que en este punto también entra a jugar el rol de la Justicia. Hay amparos presentados y que tardan años en ser resueltos. O situaciones como la de la semana que pasó, en la cual no se interviene cuando son tomadas unidades públicas por parte de trabajadores. En este punto, tampoco es la solución que funcionari@s municipales “recuperen” por la fuerza las unidades sustraídas. Ambas realidades atentan contra el “Estado de derecho” que debe imperar.
Y aquí aparece un tema que no suena políticamente correcto pero que debería ya estar en debate: la planificación de un plan de Gobierno para la ciudad.
Cualquier dirigent@ que se le pregunte hoy sobre sus aspiraciones a ser Intendent@ evade la consulta periodística y sostiene que no es momento de hablar del tema, que la sociedad tiene otras preocupaciones.
Es cierto que las urgencias de la comunidad son otras, pero cualquiera que desee ser Jefe comunal dentro de 18 meses debería ya estar pensando las 24 horas en eso.
El estado de las calles, los problemas de recolección, la falta de iluminación, qué pasará con los PEM que fueron designados en planta permanente pero no cobran como tales y judicializaron su reclamo (con muchas chances de terminar ganando la disputa judicial), el tratamiento de la basura una vez recolectada, cómo mejorar la recaudación municipal, cómo conseguir más recursos por parte de la Provincia y de la Nación, qué hacer con los casinos o con el estacionamiento medido.
Son interrogantes claves que ya se debe estar preguntando quien ocupe la intendencia desde el 10 de diciembre en adelante.
El diccionario dice que “el término Estado fallido es empleado por periodistas y comentaristas políticos para describir un Estado soberano que, se considera, ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población”. Lamentablemente la afirmación parece válida para la realidad que viven 227 mil capitalin@s.
Para cambiarlo hay que acertar en la descripción de lo que nos pasa y empezar a trabajar para revertirlo. Porque es texto es una reiteración de muchos otros que ya se escribieron, porque lamentablemente la realidad de la Capital es una reiteración constante, un “dèjà vu” permanente.
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