El jefe de Gabinete, Juan Luna, descartó que ello pueda ocurrir pese a planteos de bonistas en New York. Los bienes estatales «están a salvaguardo». Ratificó voluntad de pago del bono por parte de La Rioja, pero exigió una reestructuración “sustentable”.

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El jefe de Gabinete de La Rioja, Juan Luna Corzo, salió a desmentir de manera categórica las versiones que circularon en medios nacionales e internacionales sobre un posible embargo o ejecución de activos provinciales en el marco del conflicto por el Bono Verde.

“El Gobierno de la provincia lleva tranquilidad frente a estas versiones. Descartamos de plano que el Banco Rioja o el Parque Eólico puedan ser objeto de una ejecución”, afirmó el funcionario, en referencia al litigio que mantienen bonistas en tribunales de Nueva York.

En ese sentido, el ministro coordinador explicó que la administración provincial mantiene como eje central una negociación que permita resolver la deuda sin comprometer el funcionamiento del Estado. “Nuestra voluntad siempre ha sido resolver la cuestión del bono cuidando, en primer lugar, los intereses de la provincia, de la comunidad riojana y especialmente de los trabajadores”, sostuvo.

Luna Corzo fue enfático al marcar prioridades: “No vamos a poner en riesgo el pago de salarios por cumplir con los bonistas”. Además, señaló que la propuesta oficial apunta a una reestructuración “sustentable”, acorde a los ingresos reales de la provincia, que permita atender tanto las obligaciones locales como los compromisos financieros externos.

Críticas a Nación

El funcionario también vinculó las dificultades en el pago del Bono Verde con la falta de recursos enviados por el Gobierno nacional. En ese marco, recordó que La Rioja reclama fondos extracoparticipables contemplados en el Presupuesto 2023, prorrogado para los años siguientes.

“Ese incumplimiento ha menoscabado las finanzas provinciales y nos puso en una situación compleja para cumplir con algunos vencimientos, lo que nos obligó a iniciar el proceso de reestructuración”, explicó. Incluso, remarcó que el reclamo ya fue judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se espera resolución.

Respaldo jurídico y negociación en marcha

Respecto a las versiones de embargo, Luna Corzo indicó que los equipos legales de la provincia —incluidos el Fiscal de Estado, la Asesoría General y estudios jurídicos en Estados Unidos— descartaron esa posibilidad. Según explicó, existen límites vinculados a la soberanía que impiden ejecutar en el país eventuales fallos dictados en el exterior.

Asimismo, sugirió que los trascendidos podrían responder a una estrategia de presión por parte de los acreedores. “Entendemos que forman parte de una estrategia jurídico-comunicacional para forzar el pago de vencimientos atrasados”, afirmó.

Finalmente, el jefe de Gabinete reiteró que la provincia no busca permanecer en default, sino alcanzar un acuerdo. “Este es un proceso complejo, que lleva más de un año de diálogo. Lo que buscamos es una reestructuración que sea viable para todas las partes, basada en las reales posibilidades financieras de la provincia”, concluyó.

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