El secretario de Ambiente, Santiago Azulay cuestionó duro la medida que la Casa Rosada quiere tomar por decreto y sostuvo que no tendrá impacto en la provincia porque el Gobierno riojano actúa «en base a la legitimidad social de sus políticas».

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Luego de conocerse la pretensión del Gobierno nacional de modificar por decreto la Ley de Glaciares, desde el Gobierno riojano salieron a cuestionar la medida que planea llevar adelante la administración libertaria.

Santiago Azulay, secretario de Ambiente, se refirió al tema y aseguró que el Famatina «no corre ningún riesgo».

«Acá hay que dejar en claro que los principios que maneja el Gobernador (Ricardo Quintela) son los de la legitimidad social de sus políticas. Famatina no corre ningún riesgo con esta modificación a la ley de glaciares. A esto el Gobernador lo dijo mucho antes que el presidente Javier Milei empezara a planear llevarse puestos a todos los glaciares de la Argentina», aseguró el funcionario en Riojavirtual Radio.

Azulay apuntó luego contra el gobierno de la Libertad Avanza (LLA) y su postura ante el cambio climático y las políticas ambientales. «No podemos prescindir de los glaciares. Este Gobierno nacional y su postura con la cartera ambiental y los temas de agenda nacional, no solo significa negarlos sino también desfinanciarlos e impedir que el Estado pueda gestionar en protección de estos recursos. El problema es que este Gobierno viene con una filosofía negacionista acerca de la importancia de las cuestiones ambientales y eso nos pone en riesgo a todos», sostuvo.

El funcionario recordó que la actual Ley de Glaciares «lo que hace es un inventario de glaciares a lo largo de toda la Argentina peor ahora el presidente Milei lo que quiere es, por vía de decreto, reformar una ley de presupuestos mínimos», indicó.

La modificación a la Ley de Glaciares

En las últimas horas, se conoció que, a través de un decreto, el Gobierno nacional modificará la ley de Glaciares para ampliar las áreas habilitadas de explotación. La norma 26.639 fija las regulaciones para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. La decisión se fundamenta en brindar “seguridad jurídica a los proyectos de inversión” que se instalen en estos territorios.

El decreto busca la reducción de zonas protegidas para la instalación de industrias mineras e hidrocarburíferas, de la liberación de productos químicos o residuos y de la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica. La medida apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias.

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