Esto se da en el medio de una puja con la provincia, que advierte que no se hará cargo de su plantilla de funcionarios y si de los sueldos de empleados. La comuna reclama una deuda de 82 millones a la Casa de las Tejas de la liquidación de febrero.
La Municipalidad de la Capital intimó el martes a la provincia por lo que considera una retención indebida de fondos ya descontados de los haberes de los trabajadores municipales y que corresponden a terceros.
Se trata de cuotas de comerciales, financieras, de servicios, litis y aportes gremiales cuya mora ocasiona perjuicios patrimoniales para los trabajadores, por la acumulación de interese punitorios, entre otros, muchos de los cuales terminan siendo beneficiosos para el mismo banco Rioja, que como entidad oficial es la que retiene el dinero.
En ese contexto, advierte que de la liquidación de febrero se enviaron $82 millones menos a los $557 que solicitó, pero detrás de ello hay una cuestión política que todo indica comenzará a tomar volúmen entre la Casa de las Tejas y el Palacio Ramírez de Velasco.
El gobierno dice que manda lo establecido por ley y advirtió que sólo abonará sueldos de empleados por todo concepto y no la plantilla de funcionarios. Denuncia que la comuna tiene más de 500 funcionarios y le exige que los abone con los 220 millones de fondos extra que envía Nación para libre disponibilidad a la comuna.
Desde la comuna se sostiene que los funcionarios están incluidos en la grilla porque son empleados de la comuna y la provincia debe hacerse cargo de todo ello. Además, en diálogo con Riojavirtual Radio, Joaquín Rosales quien es tesorero del municipio indicó que «esos fondos son para gastos de funcionamiento, porque la provincia solo nos manda para sueldos. Su usamos los fondos extra tenemos que dejar de barrer las calles, levantar los residuos, no pagar el combustible y no poder mover los vehículos, entre otros».
«Ese dinero de Nación es el que nos permite funcionar, porque la provincia no nos manda un peso más que no sea para sueldos». De esta forma, descartó la exigencia del gobierno provincial de que se usen los fondos extra para pagar sueldos, entre otros, de funcionarios.
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