El abogado David Calipo representa a tres ONG y 14 personas involucradas en la causa. Dijo que la acusación de la Fiscalía carece de precisiones sobre los supuestos autores de los delitos denunciados, la posible operatoria delictiva, fechas y destino del dinero. Además, sostuvo que no se probó el desvío de fondos.

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La reactivación de la megacausa de las ONG sigue generando gran repercusión en toda la provincia, por los nombres que aparecen en las acusaciones y también por los 230 imputados que tiene.

Riojavirtual Radio habló con David Calipo, abogado defensor de tres ONGs involucradas y de 14 personas (miembros de esas asociaciones) que también están imputadas.

Calipo, que representa a las ONGs «Bueyes chileciteños», «Caminar juntos» y «Unidos», apuntó contra la acusación de la Fiscalía y dijo que la acusación está «mal hecha» y que es «muy genérica, endeble y vaga».

«Acá no se puede determinar la responsabilidad individual porque el acto acusatorio no lo dice. Hay más de 260 personas imputadas y la mayoría de ellas no sabe de qué la están acusando. La acusación simplemente se limitó a nombrar una serie de operaciones sin decir quién la hizo, cómo la hizo, cuándo la hizo, en qué se gastó el dinero, cuál era la finalidad del dinero. Es una acusación muy genérica la que ha formulado el Ministerio Público Fiscal. La acusación está mal hecha y tampoco se ha probado que se hayan desviado los fondos», aseguró.

El abogado agregó que en el marco de la causa «es muy difícil poder hablar de la responsabilidad particular que tiene cada una de las personas que integran las diferentes ONG porque no te lo dice el órgano de acusación y esa es una obligación legal, es un derecho constitucional y en esa línea vamos a pedir que se sanee ese vicio para poder saber de qué hay que defenderse exactamente».

Calipo insistió en que la acusación «no especifica de manera clara circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, de ocasión en la que los hechos habrían ocurrido y cuáles son las personas que los habrían cometido». «Es muy endeble la acusación que hay, lo que sí hay es una mediatización muy grande por lo que significa el monto que ha trascendido, por lo que significan los nombres que están dentro de la investigación, pero la acusación es muy vaga», recalcó.

A su vez, el letrado sostuvo que entre los imputados en la causa «hay personas que ni siquiera sabía que estaban dentro de la ONG». «No todos tienen el mismo nivel de responsabilidad, no todos tienen responsabilidad y si el Ministerio Público Fiscal logra determinar la responsabilidad de alguno va a ser de la minoría», afirmó.

Calipo adelantó que, como medida probatoria, pedirá a la Justicia «que se analice el nivel de vida de la mayoría de las personas imputadas y estoy seguro que el 95% vive peor que antes».

Para Calipo, detrás de la reactivación de la causa, se mueven intereses políticos. Además consideró que la causa se reflotó simplemente porque estaba a punto de prescribir.

«Creo que lo que está pasando es que, como la causa estaba a punto de prescribir y vivimos una realidad política compleja en la provincia, no les quedó otra alternativa (NdR: de reactivarla) para no generar responsabilidad institucional en los miembros del Ministerio Público Fiscal que es quien tiene la obligación de acusar cuando están en presencia de algo que podría ser delito. «Para sacarse la responsabilidad de encima avanzaron», argumentó.

En este sentido, el abogado cuestionó que la Fiscalía «después de 9 años, vuelva a acusar nuevamente a personas que ya han sido sobreseídas en etapas anteriores».

Finalmente, sostuvo que algunos de los delitos que es mencionan en la causa están ya prescriptos. «Parte de lo que se está acusando que ya está prescripto. Hay un delito mencionado en la acusación y que dice que el sustento de la misma está basado en la defraudación. El cómputo de la pena de la defraudación, si hacemos un análisis a partir del último acto que interrumpe la prescripción, estaría en principio prescripto por lo cual también se ha hecho ese planteo», señaló.

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