Además de no cumplir con la disposición de la ley que ordenó aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad, ahora el gobierno libertario avanzó con un proyecto propio que es resistido por el sector. En La Rioja, habló sobre el tema la abogada no vidente, Samira Mitre.

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Días atrás el Gobierno nacional argentino envió al Senado el proyecto de ley denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», destinado a auditar y endurecer los requisitos de acceso a estas pensiones. La iniciativa busca combatir presuntas irregularidades en el sistema y derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En ese contexto, desde el sector de las personas con discapacidad cuestionaron al gobierno libertario al que acusaron no solo de desconocer la disposición de la Justicia que ordenó aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad sino también de avanzar con este proyecto propio al que consideran un nuevo avance sobre los derechos del colectivo.

En La Rioja opinó sobre el tema Samira Mitre, persona no vidente y abogada responsable del área de inclusión social de la Universidad Popular.

«Más allá de que hizo caso omiso de la disposición de la justicia, el Gobierno introdujo un proyecto de ley con el objetivo de diezmar absolutamente todos los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto implica un retroceso de 50 o 70 años en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad», dijo Mitre en Riojavirtual Radio.

Asimismo, la abogada sostuvo que «lo más grave es que nos está tratando de delincuentes porque el Gobierno dice que las personas con discapacidad defraudan al Estado ya que supuestamente hay muchos que cobran pensiones y que no tienen ningún tipo de discapacidad».

«Esto que hace el Gobierno no es un error de ellos, es algo planificado. El Presidente lo que busca es exterminar a las personas con discapacidad, exterminar jubilados, quiere jóvenes ignorantes y mano de obra esclava y barata y la manera de lograrlo es ir diezmando uno a uno todos los colectivos, estamos siendo golpeados por el propio Estado», aseguró.

A mediados de diciembre pasado el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenó al Gobierno nacional aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). El fallo declaró inválido el decreto que suspendía la norma y ordenó su inmediata aplicación. El gobierno libertario había promulgado la ley, pero suspendido su ejecución argumentando falta de fondos.

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