El Gobierno volvió a poner en agenda el proyecto de una profunda reforma constitucional. Los elementos que incluye, las polémicas que se vienen y cómo se vincula su sanción con el proceso político del próximo año son los ejes de este comentario.

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Son las 21.30hs. del 10 de diciembre del 2019 y en el Súper Domo están presentes  quintelistas históric@s, arribistas de último momento y algun@s que están borrando viejas publicaciones en redes sociales para que no se sepa lo que pensaban hasta hace unos meses del nuevo mandato provincial. El recién asumido gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, brinda su discurso ante l@s diputad@s: ”Que nos ayuden a convocar junto con las elecciones del 2021 a una reforma constitucional”.

En ese momento todavía nadie sabía que existe una ciudad en China que se llama Wuhan, l@s fabricantes de barbijos no están al tanto que se llenaran de plata en los próximos meses y ser positivo es una afirmación que nos pone content@s.

La pandemia postergó los tiempos, no la idea de fondo. Y esta semana en diferentes medios de comunicación y por declaraciones de varios funcionari@s, se confirmó que la ”Casa de las Tejas” vuelve a la carga con un viejo anhelo: reformar la Constitución provincial.

El Gobierno está convencido que su gestión tiene que marcar un hito, que su paso por la administración pública debe ser el comienzo de una nueva etapa con algunas bases sobre las cuales se construyan las próximas décadas: el Estado como eje de la vida social de la Provincia y garantizando constitucionalmente el acceso a los servicios públicos, con una modificación profunda en los mandatos de l@s integrantes del Poder Judicial y limitando la reelección de l@s diputad@s y l@s concejales.

El proyecto que se enviará a la Cámara de Diputados todavía no está redactado, pero mantiene los mismos ejes con los que vienen trabajando desde hace varios meses: garantizar constitucionalmente el acceso a los servicios públicos de agua, luz e internet, limitar la reelección de diputad@s y concejales a un mandato como es para Intendent@s y Gobernador, una renta universal riojana para l@s ciudadan@s que vivan en la Provincia (como la que existe en algunos países europeos) y limitar el tiempo de mandato de l@s miembr@s del Poder Judicial.

Este último tema será sin dudas uno de los que más controversia va a generar, porque las entidades de abogad@s y de jueces ya adelantan fuera de micrófono que se van a oponer a una iniciativa de este tipo porque entienden que afecta la independencia y estabilidad de la Justicia. Inclusive, es probable que esa discusión se nacionalice, porqué será usada por la oposición en los medios de comunicación nacionales como un ataque al sistema republicano y a la división de poderes.   

Este proceso de reforma constitucional tiene un primer paso por delante: enviar el proyecto de ley de necesidad de reforma a la Cámara de Diputados. A diferencia de lo que pasaba en el 2021, hoy el oficialismo cuenta con el respaldo necesario de l@s legisladores para llegar a los dos tercios que necesita para sancionar la norma. Entonces es solamente cuestión de tomar la decisión y presentar la iniciativa en la “Casa de Las Leyes”.

En el Gobierno reconocen que al proyecto le falta más debate, porque la orden política que bajó el gobernador Ricardo Quintela es que salga con el mayor consenso posible, hasta hay quienes se ilusionan con una sanción por unanimidad de la Cámara de Diputados, con el acompañamiento de la oposición. Algo que hoy parece una quimera porque ya hay legislador@s que anticiparon públicamente su férrea oposición a la propuesta.

Una vez sancionada la ley, el paso siguiente será la convocatoria a la elección de l@s convencionales constituyentes para conformar una Convención, que según la propia Constitución debe tener la misma composición que la Cámara de Diputados (36 miembr@s).

En ese sentido y como todo lo que ocurra desde ahora y hasta que sean los comicios para Gobernador el año que viene, todo se debe leer en clave electoral. Y es por ello que la fecha de elección de convencionales constituyentes se volverá toda una definición en sí misma: ¿Se votará el mismo día que para Gobernador e intendent@s? ¿Tendrá una fecha diferenciada? ¿La Rioja votará para Gobernador el mismo día que elegirá presidente el país?

Hasta ahora el Gobierno siempre afirmaba públicamente que los comicios serían en la misma fecha que la Nación, pero esta esta semana el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, sembró una duda: «Estamos siguiendo las decisiones de todas las provincias, Catamarca, Salta y Tucumán ya tienen definido su cronograma electoral. Es una conversación al margen de las situaciones de agenda principal, pero es una conversación que ya está tomando cuerpo en todo el país y es algo que es un rumor, aunque sea incipiente, en la sociedad sobre qué pasa con el tema electoral».

En el periodismo y el ambiente político de otros países hay una categoría de análisis que en Argentina no se utiliza tanto: se habla del legado. Se menciona como las ideas con las cuales cada presidente quiere ser recordado por las próximas generaciones o qué política pública quiere dejar explicitado que aportó su paso por la gestión.

La reforma constitucional es la principal apuesta estructural, de fondo, de la actual gestión provincial. Es un cambio en el esquema institucional y de derechos sociales que pretende dejar.

No es un tema menor, estamos hablando de la principal norma que regula el funcionamiento de la Provincia, de la ley de leyes, de algo que nos involucra a l@s 400 mil riojan@s. Se viene un debate interesante y central para pensar La Rioja de las próximas décadas. 

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