La norma, con más de 200 artículos, reescribe una buena parte de la Ley de Contrato de Trabajo, introduce diversos cambios en indemnizaciones, licencias, jornada, huelgas, estatutos especiales y hasta baja impuestos. Aquí, lo más importante.

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En una sesión que combinó política y cálculo fino, el Senado argentino aprobó la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, y le dio al gobierno de Javier Milei una de las piezas centrales de su programa económico.

En términos económicos, la reforma ataca tres frentes que el sector privado venía marcando hace años: costo de despido, litigiosidad y rigidez de la organización del trabajo.

Indemnizaciones y Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

La base de cálculo sigue siendo un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos 12 meses.

Pero quedan fuera del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, premios y otros conceptos no mensuales y habituales, lo que, en la práctica, reduce el monto final frente al esquema anterior.

Se fija un techo: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable ni ser menor al 67% de la remuneración habitual, ni inferior a un mes.

Nace el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio para financiar despidos: las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador y las pymes el 2,5%, montos hoy destinados al SIPA. Los recursos serán administrados por entidades financieras bajo supervisión de la CNV. Para los críticos, como la senadora kirchnerista Ana Marks, «esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financiar a los amigos del Presidente».

Además, las sentencias por despido podrán pagarse en cuotas: hasta 6 mensualidades para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs, actualizadas por inflación (IPC) más un 3% anual. La indemnización pasa a ser «la única reparación» por despido sin causa, con un esquema de actualización más previsible para los balances.

Litigiosidad y justicia laboral

Se limita la actualización de créditos laborales a IPC + 3% anual, buscando reducir incentivos a demandas largas.

Se acotan las costas procesales, con el objetivo explícito de desincentivar litigios que, en la visión oficial, muchas veces funcionan como seguro adicional sobre el costo de rescisión.

Jornada, horas extra y vacaciones

La jornada diaria puede extenderse de 8 a 12 horas, con un descanso obligatorio mínimo de 12 horas entre turnos.

Se crea un «banco de horas»: empleador y trabajador pueden acordar por escrito compensaciones de horas extraordinarias con francos u horarios reducidos, siempre dentro de los límites semanales legales y respetando descansos mínimos.

Las vacaciones podrán fraccionarse en períodos no menores a 7 días corridos y organizarse de manera rotativa; cada tres años, el trabajador deberá disfrutar al menos un período en temporada estival coincidente con el receso escolar.

Incentivos fiscales y formalización: el guiño al capital

La reforma no se agota en la letra laboral. Para el empresariado y los analistas financieros, el paquete se vuelve más atractivo al cruzarse con dos vectores adicionales: alivio impositivo selectivo y programas de incentivos a la inversión y la formalización.

Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): durante un año, los empleadores que registren nuevos trabajadores pagarán una alícuota reducida de contribuciones patronales (8%) por cada alta. Además, habrá eximición de hasta el 70% de deudas por aportes y contribuciones para blanquear empleo informal.

Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI): dirigido a empresas locales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales, establece umbrales de inversión que van desde U$S 150.000 para microempresas hasta U$S 30 millones para grandes compañías, con beneficios fiscales asociados.

Baja de impuestos específicos: se eliminan tributos internos sobre seguros, servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios y determinados vehículos automotores, embarcaciones recreativas y aeronaves, lo que apunta a descomprimir parte de la carga sobre consumo e inversión en activos de capital.

Para un mercado que mide riesgo país, previsibilidad regulatoria y estructura de costos, el mensaje es claro: la Argentina no solo recorta gasto y ordena sus cuentas, también intenta alinear su marco laboral y tributario con estándares más competitivos en la región, sin tocar todavía el corazón del esquema previsional ni la totalidad de impuestos distorsivos.

Cambios clave: qué gana (y qué pierde) cada parte

Para las empresas

Menor imprevisibilidad en el costo de despido (base de cálculo más acotada, techo indemnizatorio, posibilidad de pago en cuotas, actualización por IPC + 3%).

Herramientas para gestionar picos de demanda (jornada de hasta 12 horas, banco de horas, vacaciones fraccionadas).

Mayor protección frente a huelgas totales en sectores estratégicos (servicios esenciales con pisos de 75% y trascendentales con 50%).

Reducción de algunos impuestos y alivio en contribuciones patronales para nuevas altas.

Un vehículo financiero (FAL) para planificar el costo de desvinculaciones, a cambio de aportes mensuales.

Para los trabajadores

Un entorno potencialmente más dinámico de creación de empleo formal si la reforma logra bajar el costo marginal de contratación y la litigiosidad, como promete el oficialismo.

Mayor flexibilidad para pactar jornadas y vacaciones, pero también el riesgo de desdibujar límites clásicos de la jornada de 8 horas.

Un esquema de indemnización más previsible pero, en muchos casos, más bajo, al excluir conceptos no mensuales y fijar topes.

Más restricciones para ejercer el derecho de huelga en servicios ampliados y mayor control empresarial sobre asambleas y formas de protesta.

Pérdida de regímenes protectores específicos (estatutos) a partir de 2027, con la obligación de negociar nuevos marcos sectoriales.

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