El incremento alcanza a más de 15 mil personas en La Rioja. Los nuevos montos quedarán en un máximo de hasta $18.000 para familias con tres hijos o más. La tarjeta busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria.

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El gobierno de Alberto Fernández oficializó este martes el aumento del 50% anunciado días atrás en los montos que reciben los más de 2,4 millones de titulares de la Tarjeta Alimentar y que llega a un universo de 4,1 millones personas, la mayor parte de ellos menores de edad.

La suba quedó plasmada en la Resolución 371/2022 del ministerio de Desarrollo Social publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro Juan Zabaleta y estipula los nuevos montos que los beneficiarios comenzarán a cobrar dependiendo de la conformación del grupo familiar.

Los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

• 9 mil pesos: padres o madres con un hijo de 0 a 14 años inclusive; mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) y familias con una persona con discapacidad a su cargo, sin límite de edad.
• 13.500 pesos: padres o madres con 2 hijos que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con un hijo que cumpla con un criterio de focalización (A o C) de la Categoría 1.
• 18 mil pesos: padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1, y mujeres embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización (A y/o C) de la Categoría 1.

El incremento corresponde al pago de abril e implica una inversión de 27 mil millones de pesos por parte del Estado nacional.

La Tarjeta Alimentar fue lanzada en enero de 2020, pocos días después del inicio del gobierno de Fernández, en el contexto del Plan Argentina contra el Hambre, que busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria.

Entre los considerandos de la medida el gobierno de Alberto Fernández explicó que adoptó esta decisión “en atención a la situación por la que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravada por la emergencia sanitaria durante la pandemia por Covid-19″, por lo que resultaba necesario instrumentar políticas “para paliar tal situación y fortalecer los instrumentos que se vienen implementando a fin de coadyuvar la búsqueda de condiciones más equitativas”.

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