Fue tras un allanamiento a un particular denunciado por estafa, usura y defraudación. El modus oparandis consiste en brindar un prestamo y todos los meses antes que cobran el sueldos les retiran las tarjetas y cobran las cuotas. Hay un detenido.

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Un importante operativo judicial se llevó a cabo en las últimas horas en el marco de una investigación por presuntos delitos de estafa, usura y defraudación. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron una importante suma de dinero en efectivo, tarjetas de débito y abundante documentación que podría resultar clave para la causa.

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento fueron secuestrados tres teléfonos celulares y $170 millones en efectivo, además de 100 tarjetas de débito pertenecientes a distintas entidades bancarias.

También se encontraron seis carpetas con documentación, entre ellas copias de DNI, contratos y pagarés, elementos que serán analizados por la Justicia para determinar su vinculación con los hechos que se investigan.

Como resultado del operativo, además, se produjo la detención de un hombre que había sido denunciado por presuntos delitos de estafa, usura y defraudación.

La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 2 de Río Barría, que deberá avanzar ahora con el análisis de los elementos secuestrados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

De acuerdo con la investigación, el presunto modus operandi consistiría en otorgar microcréditos o préstamos a personas que atraviesan situaciones económicas complicadas, aplicando intereses exorbitantes.

Según la hipótesis que se investiga, quienes otorgaban estos préstamos retiraban las tarjetas de débito de los beneficiarios a comienzos de cada mes, con el objetivo de asegurarse el cobro de las cuotas. Cuando los titulares cobraban sus salarios, los investigadores sospechan que los involucrados retiraban el dinero utilizando códigos que les eran previamente informados y posteriormente devolvían las tarjetas a sus propietarios para que pudieran continuar utilizándolas.

Este mecanismo habría permitido, según la investigación, garantizar el cobro de las cuotas y sus intereses directamente sobre los haberes de las personas que habían accedido a los préstamos.

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