La comuna capitalina impulsa un amparo judicial al considerar que la provincia retiene fondos nacionales que deberían distribuirse con los municipios, incluido el Palacio Ramírez de Velasco. Insiste con la asfixia financiera.
La relación entre la provincia y el municipio Capital está rota. Ejemplo de ello es la decisión del Palacio Ramírez de Velasco de ir a la justicia federal en reclamo de fondos contra la Casa de las Tejas.
Para ello la intendenta Inés Brizuela y Doria contrató al constitucionalista Antonio María Hernández, quien años atrás había representado al actual gobernador Quintela por un reclamo similar cuando era intendente de la Capital. Todo esto se da un marco de acusación de «asfixia financiera» del gobierno a la comuna.
Puntualmente, es un amparo judicial contra la Ley Provincial N° 9782 de coparticipación municipal donde se busca una declaración de INCONSTITUCIONALIDAD tildandola de «perversa, arbitraria y que acentúa el centralismo y la discrecionalidad en la distribución de fondos, producto de la cual resulta la privación de los recursos que le corresponde percibir a los vecinos del Municipio del Departamento Capital».
Según la comuna «de los fondos que ingresan en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nacional N° 23.548) de libre disponibilidad, la provincia retiene de manera ilegal, previo a su ingreso a la masa coparticipable, conceptos que denomina “pre afectaciones”, que no son otra cosa que gastos propios de Gobierno provincial, destinados al pago de Aportes y Contribuciones de la Seguridad Social, aportes al Consejo Federal de Inversiones y cuotas de préstamos, que NO DEBEN SER SOPORTADOS POR LOS MUNICIPIOS».
Luego agrega que «como resultado de las retenciones que practica el Gobierno provincial, la masa coparticipable sufre de manera ILEGAL una disminución previa de casi un 20% sobre el total«.
Según la gestión Brizuela y Doria «como consecuencia de los actos arbitrarios que denunciamos por parte del Gobierno de la Provincia, el Municipio del Departamento Capital está siendo gravemente perjudicado a través de los años, llegando al estado actual en que se ve imposibilitado de realizar adecuadamente sus fines y cometidos, por la falta de los recursos que por coparticipación de impuestos le corresponde recibir en virtud de la Constitución».
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