Luis Orquera, de General Lamadrid, reclamó que se cumplan los compromisos vinculados con la contratación de mano de obra local y la participación de empresas proveedoras de la zona. Cuestionó que su departamento quedó afuera de las últimas negociaciones y amenazó con judicializar sus planteos.
El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, expresó su malestar por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial y la empresa minera Vicuña, al señalar que los reclamos de su departamento no fueron incorporados en las últimas negociaciones dadas en La Rioja.
Según explicó, luego del conflicto que había sido judicializado, existían nueve puntos pendientes de tratamiento, entre ellos tres demandas centrales de su comunidad: la contratación de mano de obra local, la participación de empresas de servicios del departamento y el reconocimiento de la zona como comunidad cercana al proyecto minero.
Orquera cuestionó que en la reunión entre representantes de Vicuña y el Gobierno provincial se haya priorizado el compromiso de construir un bypass en Guandacol, una obra que, según indicó, la empresa había prometido hace seis años. En ese sentido, manifestó que su departamento utiliza el territorio y los caminos vinculados a la actividad minera desde hace 18 años y reclamó que sus planteos también sean atendidos.
“Nos dijeron que dentro de diez días iban a avanzar con los otros puntos. Pasaron quince días y ni el ministro (Federico) Bazán ni la gente de Vicuña se comunicaron con nosotros”, sostuvo en Riojavirtual Radio. Además, aseguró que envió un correo electrónico sin obtener respuestas y remarcó que su departamento no firmó ningún acuerdo sobre los compromisos que reclama.
En ese marco, el jefe comunal lanzó una advertencia a los ministros Bazán y Juan Luna y anticipó que mantendrá la postura de su municipio hasta que existan respuestas concretas. “Van a tener problemas con nosotros porque yo voy a defender el territorio y el trabajo de la gente. Lo que está en La Rioja es para los riojanos y lo que está en nuestra comunidad es para nuestra comunidad”, afirmó.
Consultado sobre qué medidas podría adoptar, Orquera señaló que una de las posibilidades es continuar con la vía judicial. “Vamos a seguir judicializando el tema porque eso fue una promesa de ellos y no tocaron nuestros temas”, manifestó.
Por otra parte, cuestionó la manera en que se aborda la licencia social para el desarrollo de proyectos mineros y consideró que no debe entenderse como una autorización administrativa. “Estos ministros creen que la licencia social es un carné que da la municipalidad. La licencia social se trabaja. Cada acto de minería tiene que ser transparente para que la gente lo pueda creer”, expresó.
A pesar de sus diferencias con la gestión de las negociaciones, Orquera destacó la postura del gobernador Ricardo Quintela respecto del desarrollo minero en la provincia. Dijo que valora la decisión de avanzar con esta actividad y consideró que puede convertirse en una herramienta para el crecimiento de La Rioja, tomando como referencia las experiencias de San Juan y Catamarca.
Finalmente, planteó que el Valle del Bermejo tiene potencial para desarrollar la minería, el turismo y la producción agropecuaria, pero insistió en que ese crecimiento debe contemplar a las comunidades locales. “Las empresas tienen que trabajar con reglas claras. Lo que está en La Rioja es para los riojanos”, concluyó.
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